Tegucigalpa, Honduras.- Por 45 días más quedó extendido el estado de excepción parcial en Honduras, ampliándose hasta el 16 de noviembre, según confirmó el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional.
Barahona informó que la medida fue aprobada en Consejo de Ministros y se aplicará en un total de 226 municipios del país con el objetivo de contrarrestar la criminalidad y frenar las extorsiones.
“La Gaceta de la República ya salió con este PCM 031 2024 en el que el Consejo de Ministros oficializa la extensión del Estado de Excepción parcial por 45 días más desde el 2 de octubre a las 6:00 de la tarde y hasta el sábado 16 de noviembre de este año se va a tener esta medida siempre en los 226 municipios”, comunicó Barahona.
Barahona explicó que la Policía Nacional está autorizada para “efectuar operaciones focalizadas en la desarticulación de estructuras criminales principalmente vinculadas a maras y pandillas”
El subcomisario explicó que la restricción de derechos constitucionales no se está realizando en su totalidad y recordó está dirigido estrictamente para las estructuras criminales a quienes se les está realizando
“Si bien es cierto, la medida restringe algunos derechos constitucionales, esto no se han aplicado en su totalidad, en eso hay que ser claro, solo aquellos integrantes de estructuras criminales o sus simpatizantes han visto afectados con los allanamientos que estamos realizando “, declaró Barahona.
Entre los resultados que ha dejado el estado de excepción en lo que va del año, Barahona reveló que el país ha tenido una reducción de 709 muertes menos durante los primeros nueve meses del año,.
El subcomisario reveló que esta disminución se da tomando en cuenta las cifras de asesinatos en 2023 en el mismo laspso de tiempo.
“El estado de excepción ha permitido que desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, hablando de los primeros nueve meses del 2024, tengamos una reducción de 709 muertes violentas, menos en comparación con el mismo lapso del año pasado”, agregó.
El estado de excepción ha estado vigente desde el 6 de diciembre de 2022 y comienza cada día a partir de las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del siguiente.
Esta ampliación es la décimo sexta vez que la medida fue prorrogada, en medio de críticas de representantes de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, la iniciativa no ha dado los resultados esperados.
La última vez que la medida fue ampliada fue el pasado 26 de agosto en los mismos 226 municipios.
Estado de excepción no ha dado los resultados esperados
De acuerdo a datos de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), la medida de excepción no ha sido efectiva para contrarrestar los delitos como la extorsión, pues son escasos los resultados que se han obtenido.
En mayo DE 2024, LA ASJ presentó un informe sobre el impacto del estado de excepción frente al delito de extorsión y sus conclusión fue que las cifras no avalan la medida.
Según la ASJ, la extorsión ha aumentado en los últimos cinco años en el país, al grado que, en noviembre de 2023, el 11.1% de los hogares hondureños eran víctimas de extorsión y los departamentos más afectados eran: Cortés (16 %), La Paz (15 %), Colón (14 %), Yoro (14 %) y Francisco Morazán (13%).
La organización alertó en ese entonces sobre que apenas uno de los 12 decretos para la instauración del estado de excepción cumplió en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la Constitución de la República.
Que establece que la disposición puede extenderse por un máximo de 45 días; sin embargo, el decreto ha sido prorrogado por el Poder Ejecutivo en reiteradas ocasiones y ampliado a 17 de 18 departamentos del país.
Asimismo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el que mostró su preocupación sobre la prolongada duración del estado de excepción.
El informe reveló que en el marco del estado de excepción se registraron diferentes violaciones graves de derechos humanos, en su mayoría cometidas por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) y la Policía Militar del Orden Público.
Entre las que resaltaron casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y alegaciones sobre detenciones ilegales, así como el uso excesivo de la fuerza, abusos durante allanamientos de moradas e implantación de pruebas, en particular en los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán.
Las denuncias persisten a la fecha y de acuerdo a datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) son al menos 660 agentes de seguridad pública que han sido denunciados por sus actuaciones amparadas en el estado de excepción.
Los más denunciados, según Conadeh son efectivos de la Policía Nacional con 248 quejas, seguida Dipampco con 177 y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con 127.
Las quejas están relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza durante los allanamientos o las detenciones, la incriminación con medios de pruebas falsas o con motivos aparentemente no comprobables y daños a la propiedad privada.
