El
pago del 'impuesto de guerra' se ha vuelto insostenible para las personas que se dedican al
comercio en Honduras.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Miguel Mourra,
reveló este jueves que al menos siete de cada 10 microempresas han cerrado operaciones en Honduras debido al cobro de la extorsión.
El funcionario hondureño detalló que el mayor número de cierre de negocios por ese flagelo se refleja en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán.
“No podemos desconocer que existen otros problemas que orillan a los hondureños a cerrar sus negocios; sin embargo, el tema de la extorsión y la inseguridad se ha vuelto la principal causa'.
Bustillo aseguró que están trabajando junto a la
Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA)
para enfrentar ese delito y brindar seguridad a los afiliados a la CCIT.
Indicó que todo el istmo centroamericano al igual que Latinoamérica sufre el problema de la extorsión, obligando al cierre de muchos negocios que no pueden pagarlo.
En marzo del 2013, el Consejo Nacional de Seguridad creó la
Fuerza Nacional Antiextorsión,
encargada de combatir este mal que golpea a comerciantes de mercados y empresarios en Honduras.
En continuidad al combate de ese flagelo, el Congreso Nacional aprobó en diciembre del 2013 la ley que ordena a las compañías operadoras de telefonía móvil hacer los ajustes técnicos necesarios para el
bloqueo de llamadas desde los centros penales.
La Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales (PCS) en los Centros Penales prohíbe a los operadores brindar o prestar servicios en los espacios físicos donde están ubicados los centros o granjas penales del país.
Después que la ordenanza entró en vigencia en febrero de 2014, la FNA aseguró que un 75 por ciento se han reducido las extorsiones
en Honduras.
El bloqueo de la señal telefónica en los 24 centros penales de Honduras concluyó el pasado 14 de febrero y ha afectado a los pobladores de la zonas aledañas, quienes se han manifestado en contra.
