Tegucigalpa, Honduras
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional parcialmente el Convenio de Creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
Una fuente del Poder Judicial confió que la Sala Constitucional sentenció específicamente parar el funcionamiento de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público.
Según la sentencia, la creación de la Unidad debió pasar por un proceso de reforma de la Ley del Ministerio Público y no ser aprobada directamente entre la Organización de Estados Americanos y las autoridades de la Fiscalía.
Hasta ahora, el documento oficial no ha sido notificado por el Poder Judicial.
Sin embargo, ha trascendido en diferentes fuentes que la resolución de la Sala Constitucional está orientada a cuestionar el convenio que le dio vida a la Ufecic.
El convenio fue suscrito entre el entonces vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, y el fiscal general, Óscar Chinchilla. La Ufecic surge como el ente que investiga casos con el apoyo de fiscales de la Maccih y con sus recursos técnicos.
Algunos puntos que se observan es que las funciones de la Ufecic están por encima de normas constitucionales y de otros operadores de justicia, incluyendo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La polémica
A lo largo del día crecieron fuertes sospechas de que desde el Congreso Nacional se estaba impulsando una iniciativa contra la Maccih.
Incluso trascendió un documento jurídico elaborado por un equipo cercano al Congreso Nacional que cuestiona la constitucionalidad del Convenio que dio vida a la Maccih.
“El Convenio de la Maccih vulnera la soberanía nacional al alternar la independencia de los poderes del Estado y de otras instituciones del Estado. El Congreso Nacional tuvo que realizar una aprobación del Convenio a través del proceso de reforma constitucional, cambiando simultáneamente el texto de la Constitución de la República”, establece el documento.
Sentencia que “en este caso procedería la declaratoria de inconstitucionalidad por razón de contenido y tendría que ser un análisis de la violación de la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y/o del Tribunal Superior de Cuentas para que se pueda señalar específicamente cuál debió ser el artículo constitucional a reformar”.
Este análisis concluye que el convenio firmado por la OEA y el gobierno hondureño en 2016 es inconstitucional.
La intención de algunos parlamentarios sería frenar las acciones que ha emprendido la Misión en contra de miembros de la cámara legislativa, presuntamente implicados en grandes casos de corrupción.
En los últimos dos años, la Maccih ha emprendido acciones en contra de funcionarios y exfuncionarios implicados en actos de corrupción.
Piden apoyo a la Maccih
Frente a la amenaza latente para eliminar la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), diversos sectores rechazaron masivamente esta intención.
Los operadores de justicia, la comunidad internacional, defensores de derechos humanos, empresarios, todos ellos consultados por EL HERALDO, coinciden en que sería negativo darle el tiro de gracia a la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Algunos de los operadores de justicia consultados por EL HERALDO manifestaron que sería un “knockout” para el Estado en el combate a la corrupción e impunidad.
“Sería un golpe muy duro en la lucha contra la corrupción que hubiese una resolución en contra del funcionamiento de la Maccih en el país. Me parece que la lucha contra la corrupción se ha fortalecido con la presencia de la Maccih en Honduras”, manifestó el representante de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz.
Internacional
La comunidad internacional reaccionó preocupada ante las intenciones de declarar inconstitucional y coartar el accionar de la Maccih.
Delia Ferreira, actual presidenta de Transparencia Internacional, calificó como “lamentable” y “preocupante” cualquier iniciativa de legislar en contra de la Misión.
“Esta movida representa un paso atrás en la lucha contra la impunidad de los corruptos. Sería un retroceso en la lucha contra la corrupción”, dijo Ferreira.
Enfatizó y urgió al Congreso hondureño a “legislar a favor de la transparencia. La lucha contra la corrupción es como un juego de ajedrez: las piezas negras también juegan”.
La iniciativa, al igual que el recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia el 6 de marzo pasado en contra de la Maccih, tiene lugar luego de que la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra cinco diputados por el presunto mal manejo de fondos públicos destinados a proyectos sociales.
De acuerdo con el Ministerio Público, ellos se valieron de una Organización No Gubernamental (ONG) que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
Ejecutivo
Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, aseguró ayer que el Convenio de creación de la Maccih cumple con todos los estándares constitucionales y así fue enviado al Congreso Nacional, donde fue aprobado.
“No solamente sostenemos que es constitucional el convenio, sino que ratificamos el apoyo a las labores y los trabajos que hace la Maccih”, declaró el funcionario.
Al consultarle si hay presiones para que se vaya la Maccih del país, expuso que “obviamente hay algunos grupos interesados en que se desmonte el esquema de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, pero reitero que la voluntad del Poder Ejecutivo expresada en la firma del convenio sigue siendo la misma”.
Indicó que no sabe de dónde vienen las intenciones de afectar el trabajo de la Maccih, “pero obviamente es una instancia que está bajo presión y nosotros esperamos que continúe y ayude al país en esa misión de acompañamiento a las instituciones para poder crear fortalezas y competencias para hacer más transparente la administración pública”.
Sobre el particular, la vocera interina de la Maccih, la jurista peruana Ana María Calderón Boy, dijo a EL HERALDO que “seguimos trabajando y reiteramos nuestro compromiso de fortalecer a las instituciones en el combate contra la corrupción”. Lamentó que como Misión “no somos parte, nunca tuvimos acceso a información del recurso de inconstitucionalidad o informes emitidos”.
La Misión de la OEA llegó en febrero de 2016, como una necesidad del Estado hondureño para reducir los índices de corrupción e impunidad en el país.
