Familiares de ocho hondureños que fueron ejecutados en mayo del 2012 en la masacre de Cadereyta, Nuevo León, México, denunciaron hoy ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) la dilación en el proceso de repatriación de sus seres queridos.
En reunión con el titular de Conadeh, Roberto Herrera Cáceres, los parientes de los fallecidos reclamaron que hasta la fecha no han recibido los cuerpos de sus familiares por los retrasos administrativos para la exhumación y repatriación de los cuerpos.
'Sabemos que nuestros familiares fueron mutilados y que ha pasado mucho tiempo desde su muerte; sin embargo, exigimos a las autoridades que sus restos sean repatriados en ataúdes normales para poder darles un entierro digno', dijo Patricia Suazo.
Agregó que debido a este hecho “terriblemente traumático”, la salud de todos los familiares se ha visto afectada.
'A nosotros se nos han violado todos los derechos, hemos sido pisoteadas y burladas por algunas autoridades hondureñas', expresó.
Por su parte, la madre de otra de las víctimas insistió en que los migrantes y sus familias son sujetos de derecho tanto en los países de origen como los de tránsito y los de destino.
'Exigimos que nuestros derechos sean respetados y protegidos por los respectivos gobiernos', comentó.
Debido a que las gestiones que han efectuado ante el gobierno de Honduras no han tenido la respuesta esperada, los afectados pidieron al ombudsman que les apoye y agilice los trámites para la repatriación de los cuerpos de sus parientes.
Los ocho migrantes hondureños fueron ejecutados el 14 mayo del 2012 en Nuevo León, México, donde murieron en forma violenta 49 personas
El 17 de diciembre del 2013, en el consulado de México en Tegucigalpa, los familiares de las víctimas fueron notificados de la identificación de sus familiares a través del resultado del ADN.
Las notificaciones fueron realizadas en el marco del convenio de colaboración para la identificación de los restos localizados en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León.
Este convenio de colaboración tenía como objeto la identificación y determinación de la causa de muerte de diversos restos que pudieran estar relacionados con homicidios de migrantes, como los 72 localizados el 23 de agosto de 2010 en San Fernando Tamaulipas.
