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Tegucigalpa, Honduras.- A pesar del fuerte rechazo que genera la decisión del gobierno de construir un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en el sector del Mocorón, Gracias a Dios, las autoridades militares aseguran que están socializando el proyecto con la población.
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A través de las redes sociales, los militares apostados en el departamentos dieron a conocer que mantienen dialogo con los pobladores de la zona de Mocorón sobre la construcción de la cárcel.
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“El diálogo ha permitido que se lleguen a puntos de entendimiento, al exponerse que este proyecto de seguridad nacional, conllevará de inmediato desarrollo y oportunidades de empleos, así como mejoras en los sistemas de salud local y una activación directa de la economía local y principalmente familiar”, indicaron las autoridades.
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Como parte del proyecto del centro de reclusión, anunciaron que existen otros tres proyectos de desarrollo en la zona que son de carácter nacional y que están siendo considerados.
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Estos son la habilitación y mantenimiento completo y permanente de la carretera central del departamento, específicamente entre Puerto Lempira hasta Mocorón.
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Además de la construcción del aeropuerto nacional en Puerto Lempira, el cual contará con todas las condiciones, en el mismo proyecto se contempla la construcción de una pista comunitaria militar en el sector de Mocorón.
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Las Fuerzas Armadas aseguraron que las socializaciones continuarán con todos los que requiera información.
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“La orden que hemos recibido es cumplir con este tipo de reuniones que no es la primera desde que se avanza en la planificación del proyecto y entre más interés hay en preguntar por parte de la población, más se facilita exponer sobre los beneficios y cero riesgos sociales y sobre todo ambientales”, escribieron.
Continúa el rechazo
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Aunque las autoridades del Ejército aseguran que están socializando el proyecto, la diputada por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho, aclaró a EL HERALDO que lo que se hizo no fue la socialización del proyecto.
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“Recibí una llamada de una de las personas que aparece en la fotografía y me expresó que no es socialización, que ellos (los pobladores) hicieron entrega de un documento en la que expresan que están en contra de la construcción de la cárcel; no hubo ninguna socialización, la posición de ellos continúa siendo la misma del pueblo que es no a la construcción de la cárcel”, dijo.
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Son unas 400 personas que se mantienen apostados en el terreno donde se planea construir el centro de reclusión, señaló la diputada, allí fue donde se entregó el documento a uno de los jefes militares de la zona.
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Además del pronunciamiento se entregó una solicitud para reunirse con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en el sector del Mocorón.
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Respecto a los proyectos que traería la construcción del recinto carcelario a la zona, la diputada indicó que las obras de desarrollo no deben ser condicionante para hacer la cárcel.
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“No debería ser una condicionante que hagan la mega cárcel para que nos hagan esos proyectos; es deber del Estado contribuir al desarrollo y la infraestructura del departamento. Decimos no a la cárcel, pero si a los hospitales, a la generación de empleo”, expresó.
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Líderes de los pueblos misquito, Tawahka y Pech, alcaldes de Gracias a Dios y organizaciones ambientales se han unido para denunciar que el proyecto anunciado algunos días por la ministra de Defensa, Rixi Moncada, amenaza el territorio, la cultura y la biodiversidad de la región.
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El alcalde de Wuampusirpi, Marcelo Antonio Herrera y otros pobladores manifestaron su descontento por el proyecto que albergaría a unos 2,000 privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
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El edil expresó que en vez de construir el centro de reclusión, las autoridades deberían desarrollar proyectos de infraestructura, mejorar el acceso a la salud y a la educación en el departamento que ha sido olvidado por los gobiernos.
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“Como Wuampusirpi la población también se ha levantado en protesta debido a que se va hacer una cárcel en el Mocorón. Los pobladores de Wuampusirpi dicen no a la cárcel y si a la educación y si a la salud”, dijo el alcalde.
Piden proyectos de desarrollo
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Agregó que “quieren traer una cárcel que va a valer más de 2,000 millones de lempiras, sabiendo que con ese dinero pueden hacer cosas más necesarias en el departamento; necesitamos otras cosas y no la cárcel”, enfatizó.
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“Si la cárcel se quiere hacer en Mocorón, estamos preparados para protestar y unirnos a la población de ese sector”, puntualizó.
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El director de la organización Muskitia Asla Takanka (Masta), Modesto Morales, indicó que no se puede construir una cárcel en una zona donde habitan pueblos originarios que tienen sus derechos protegidos por convenios internacionales que fueron suscritos por el Estado hondureño.
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Añadió que La Mosquitia es un territorio que no debe tener propiedad privada, “sino que la tierra es para sus habitantes y futuras generaciones”.
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Hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro a que rectifique su decisión de construir la cárcel en la zona y en su lugar diseñe un proyecto de desarrollo para beneficio de la población.
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Los demás alcaldes de Gracias a Dios reaccionaron también en contra del proyecto, a través un pronunciamiento, la Mancomunidad de Municipios de la Mosquitia Hondureña (MAMUMH) se refirió a que una cárcel en la zona no beneficiaría en nada a la población indígena.
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“El efecto que dejaría es el aumento de la criminalidad en los municipios, impacto ambiental, social y cultural negativo; invasión y usurpación del territorio de los pueblos indígenas”, aseguran.
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Los alcaldes pidieron que se respete el convenio 169 que Honduras firmó con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se reconoce el territorio y derecho de los pueblos indígenas.
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El tratado establece en sus artículos que los gobiernos junto con la participación de los pueblos indígenas deberán tomar acciones coordinadas y sistemáticas para proteger sus derechos.