La Fiscalía anunció que aportará más de 70 medios de prueba que acreditan el megafraude cometido en la compra de siete unidades médicas con los que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) proyectaba atender a la población afectada por el virus, lo que resultó ser un fiasco y abonó al trágico saldo de miles de fallecimientos.
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A través de un comunicado, el MP señala que 'las pruebas que se evacuarán ante el Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, comprenden 58 medios documentales, ocho periciales, dos evidenciales y dos testificales, en un caso que judicializó la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) en equipo con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y personal biomédico, por dos delitos de fraude y dos delitos de violacion de los deberes de los funcionarios'.
El Ministerio Público propondrá además en la Etapa de Incidentes, seis nuevos medios de prueba, de los cuales cuatro son documentales y dos aclarativos.
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Los acusados compraron entre marzo y abril de 2020 un total de siete hospitales móviles pagando de “buena fe” el cien por ciento del precio que ascendió a 47.5 millones de dólares al guatemalteco Axel López, quien sigue prófugo de la justicia. Actualmente, solo dos de esos hospitales están siendo utilizados para su fin.
A continuación los recursos fiscales que se presentarán en el juicio:
En los meses de marzo y abril del 2020, el Estado de Honduras a través de INVEST-H compró siete Hospitales Móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia COVID-19.
Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, con violación a los principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño, realizaron la compra de dichos hospitales de manera directa y fraudulenta con el imputado Axel Gamaliel López Guzmán, Representante Legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.
El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado a cuarenta y siete millones, quinientos doce mil, quinientos sesenta y cuatro dólares americanos ($ 47,512,564.00) equivalente en lempiras a mil ciento setenta y cuatro millones quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras, con treinta y tres centavos (L. 1,174,517,764.33).
La compra se hizo al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de INVEST-H.
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Extrañamente se pagó el 100 por ciento de lo que esta compra representaba.
Los informes biomédicos confirmaron que el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de poder ser útil para atender pacientes de COVID-19, debido a que tiene problemas de diseño y equipamiento, porque hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional.
El proveedor no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales.
Personal del Departamento de Adquisiciones de INVEST-H, ahora testigos del MP, advirtieron sobre el peligro de concretar la compra, puesto que no se tenía mayor información sobre ese proveedor y que en razón de los montos era un gran riesgo que los llevaría a serios problemas, a lo que la alta gerencia hizo caso omiso, es más, se les llamó fuertemente la atención por hacer preguntas sobre garantías y especificaciones técnicas en un chat de mensajería móvil que se había creado junto al proveedor Axel Gamaliel López Guzmán.
Con las pericias se pudo determinar que Marco Antonio Bográn Corrales ya había tenido comunicaciones previas con Axel Gamaliel López Guzmán antes de que la Secretaría de Salud le enviara oficio de solicitud de compra de hospitales de aislamiento.
Junto a expertos de los hospitales Mario Catarino Rivas y Hospital Escuela Universitario se determinó que esos hospitales no reúnen las mínimas condiciones adecuadas para atender pacientes con coronavirus; dos de los que ya operan han sido adecuados pero para cirugías menores, no para COVID-19.
Los Hospitales Móviles no han prestado un genuino servicio a la población, contrario a ello, su adquisición provocó un enorme daño para la salud y el patrimonio público.
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Por todo lo anterior, el Ministerio Público buscará obtener la primera condena contra Marco Antonio Bográn Corrales, en su condición de Director Ejecutivo de INVEST-H y en contra de Alex Alberto Moraes Girón, Gerente Administrativo de la misma, causa en la que también se acusó a Axel Gamaliel López Guzmán por dos delitos de fraude a título de cooperador necesario y a quien meses atrás se le aseguraron más de 100 millones de lempiras en una cuenta bancaria en Estados Unidos. Éste ya tiene orden de captura con alerta roja internacional.
La Fiscalía hondureña mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre estos hechos, a efecto de establecer la participación y responsabilidad de otras personas en el caso Hospitales Móviles, por lo que no se descartan más requerimientos fiscales.
