TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), abrió una investigación de oficio en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) por la venta irregular de un lujoso complejo turístico en Roatán, Islas de la Bahía.
“Con base en la publicación de EL HERALDO, la Fetccop hoy (ayer) va a aperturar denuncia contra funcionario de OABI”, confirmó un fiscal de la Fiscalía anticorrupción, que prefirió mantenerse en el anonimato.
Una vez abierto el expediente investigativo, los fiscales comenzarán a realizar las primeras diligencias.
Estas conllevan un secuestro de documentos en la OABI, un interrogatorio a la Comisión Interventora y al director de la institución, entre otras pesquisas que comenzaron desde ayer.
Los principales investigados por este presunto caso de corrupción son el presidente de la Comisión Interventora, Hugo Suazo, el secretario general José Rómulo Mejía y el asesor legal Carlos Argueta.
Los fiscales sospechan que en este caso pudo configurarse los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
El caso
En julio, el titular de la Comisión Interventora de la OABI, Hugo Suazo, unilateralmente ordenó la venta directa y anticipada del complejo turístico Palm Beach por 36.5 millones de lempiras al señor Danny Ward McNab Jackson.
La venta se hizo a espaldas de los otros dos interventores, Rigoberto Portillo Mejía y Roger Lenín Mendoza, quienes en un escrito advirtieron de las consecuencias legales que conllevaría porque no fue ordenada por el pleno de la comisión interventora.
En el decreto ejecutivo PCM 07-2023, mediante el cual se crea la Comisión Interventora de la OABI, en su artículo 2, se señala que “las decisiones de la Comisión Interventora se tomarán por mayoría simple de sus miembros”.
En un memorándum, los interventores Portillo Mejía y Mendoza establecieron que “como mayoría simple nos oponemos a la venta directa anticipada realizado en el caso que nos ocupa y desautorizamos al comisionado presidente y al secretario general para que continúen con el viciado proceso de venta”.
Subasta
Durante el proceso de investigación, EL HERALDO identificó que la misma Unidad de Ventas de la OABI, tras un exhaustivo análisis, había recomendado someter el lujosos resort a un proceso de subasta.
“El bien inmueble cuenta con disponibilidad para la venta, dicho proceso debe llevarse a cabo mediante subasta pública por motivos de transparencia y la misma debe cumplir con el procedimiento establecido”, indica el memorándum OABI-UV-28-03-2023.
El mismo documento señala que el resort ya había comenzado un proceso de subasta el 21 de enero de 2022, apenas seis días antes de que asumiera el poder la presidenta Xiomara Castro.
“El inmueble tenía un precio de salida y venta de 35.4 millones de lempiras, por lo que fue adjudicado por el cliente número 10291, la empresa Soluciones Generales, misma que presentó una oferta por 36 millones de lempiras, cumpliendo con los primeros pagos establecidos de venta de la subasta 21, la garantía de participación por un valor de 3.5 millones de lempiras y la garantía de cumplimiento por 54,370 lempiras, haciendo un total cancelado de 3.6 millones de lempiras”.
Sin embargo, el cliente procedió a cancelar la venta ya que sobre dicho bien recae un embargo inscrito en fecha 21 de marzo de 2022, posterior al aseguramiento .
El embargo fue ordenado por el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía y constituyó una variación significativa en las condiciones de venta, por lo que se procedió a realizar la devolución de los valores pagados por el cliente.
