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Tegucigalpa,Honduras.- El Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción mantiene en suspenso la audiencia de procedimiento abreviado en la causa instruida contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo, que estaba prevista para este lunes, debido a la incomparecencia de los fiscales del Ministerio Público (MP).
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“El Ministerio Público no asistió a esta audiencia porque, inicialmente, ellos (la defensa y el imputado) querían un procedimiento abreviado por un delito que no es por el cual el MP acusó al exjuez Vallecillo”, explicó el vocero del MP, Yuri Mora.
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“Nosotros, en el requerimiento fiscal, lo acusamos por el delito de extorsión, pero ellos querían que se cambiara al delito de concusión. La diferencia es que la extorsión conlleva una pena de entre 15 y 20 años, mientras que la concusión tiene una pena de uno a tres años”, añadió Mora.
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La Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de los Servidores y Funcionarios del Sector Justicia ya se había pronunciado indicando que no aceptaba el cambio de delito, mucho menos el procedimiento abreviado.
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En ese sentido, la defensa legal de Vallecillo interpuso un recurso de apelación que está siendo valorado por la Dirección de Fiscales.
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Si finalmente la Fiscalía decide que está en desacuerdo con la apelación, el caso se encaminará a un juicio oral y público por el delito de extorsión.
La acusación
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Vallecillo Banegas, quien fungió como coordinador de los Juzgados con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, fue acusado por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
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En el requerimiento también figuran Nelson Omar Sierra Flores, amigo del juez Vallecillo Banegas y Reinaldo Leiva Suazo, apoderado legal del testigo protegido, quien está prófugo de la justicia.
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La investigación comenzó tras la denuncia de un testigo protegido, quien reveló un esquema de extorsión en el que los imputados lo presionaban con amenazas que la Unidad Fiscal de Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco) le presentaría un requerimiento fiscal.
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Los imputados le ofrecieron al testigo la posibilidad de ser excluido del caso. Usaron la figura del fiscal general, Johel Zelaya, para que el afectado les entregara la cantidad de tres millones de lempiras.
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“El juez Vallecillo Banegas, principal implicado, le hizo creer al testigo que mantenía reuniones con el fiscal deneral y que redactaba resoluciones del Ministerio Público, sin embargo, todo fue un plan para lograr la extorsión”, subraya el requerimiento fiscal.
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El 17 de agosto, los imputados se reunieron en una estación de servicio, salida al sur de Tegucigalpa para concretar la transacción ilícita por lo que un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), intervinieron y lograron la detención en flagrancia de los involucrados y el decomiso del dinero.
