La podredumbre en la Policía Nacional continúa carcomiendo a la institución debido a los estériles esfuerzos por adecentarla.
Los grupos criminales al interior de la entidad solamente se agazaparon momentáneamente cuando inició el proceso de depuración, y ahora, tras ver la inefectividad de las acciones, han continuado operando como si nada hubiera pasado.
A finales de 2011, EL HERALDO puso al descubierto la existencia de carteles policiales dedicados al secuestro, extorsiones, asesinatos, secuestros, robos y tráfico de drogas, entre otras cosas.
Sumado al robo de armas y municiones en escuadrones policiales, las denuncias, así como los crímenes impactantes, obligaron al gobierno a iniciar un proceso de depuración que a la fecha mantiene escasos resultados.
La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), que dirige Eduardo Villanueva, inició en enero de 2012 un procedimiento de pruebas de confianza a elementos policiales.
Las cúpulas siguen siendo los grandes ausentes en estas pruebas que, inicialmente, eran suficientes para dejar fuera a un miembro de la Policía.
El pasado lunes 4 de marzo, EL HERALDO reveló que de los 1,745 efectivos evaluados, 230 resultaron aplazados en una o más de las cuatro pruebas de confianza y por consiguiente la DIECP solicitó a la Secretaría de Seguridad que fueran separados.
Según la investigación de EL HERALDO, entre los reprobados había 33 altos oficiales que no pasaron la prueba del polígrafo, por lo que se ordenó su destitución, pero solo a siete se les pudo aplicar esa medida, pues al resto no se les notificó el despido por evasivas administrativas.
Esta semana, el propio ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, admitió que el proceso ha sido inefectivo, debido a la burocracia administrativa.
Esto solo demuestra cómo el gobierno sigue dando tumbos en materia de seguridad, ya que el proceso de depuración debió ser provisto, desde que lo aprobó el Congreso Nacional, con todos los mecanismos expeditos para alcanzar la depuración.
Ahora, casi medio año después, Bonilla ha implorado que los policías cuestionados se retiren por su propia voluntad.
Existe también un centenar de elementos policiales que resultaron reprobados en el detector de mentiras, pero lejos de ser separados, se les nombró en cargos importantes o los ascendieron de rango.
Inútil decreto
El Congreso Nacional aprobó el decreto 89-2012, de seis meses de duración, que ordenaba la separación inmediata y sin mayor procedimiento administrativo de los elementos que resultaran aplazados en las pruebas de confianza.
Pero esta norma también resultó papel mojado, pues los únicos separados fueron los siete mencionados anteriormente.
Las pruebas de confianza consisten en el examen toxicológico, socioeconómico, psiquiátrico y del polígrafo, este último aplicado por expertos de la Embajada de Estados Unidos.
Las pruebas socioeconómicas no se realizan a totalmente, ya que la DIECP solo efectúa investigaciones de cuentas bancarias e inversiones, pero no hace las visitas domiciliarias para indagar si las residencias de los policías tienen el valor congruente con su poder adquisitivo.
El subdirector de la DIECP, Mario Chinchilla, había prometido que en diciembre de 2012 sería sometido a las pruebas de confianza el director de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y el resto de la cúpula policial, lo que no se cumplió.
El director de la DIECP, Eduardo Villanueva, se ha quejado de que los 60 millones asignados a la institución en 2012 resultaron insuficientes para cumplir con su plan operativo de depuración.
La DIECP evaluará 449 futuros policías
Con el objetivo de entregar a la sociedad una nueva generación de servidores policiales con principios éticos y vocación de servicio, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) realizará pruebas de confianza a 449 aspirantes al bachillerato técnico superior no universitario en Ciencias Policiales con orientación en Policía Comunitaria.
Los aspirantes se van a presentar a la sede del Instituto Tecnológico Policial (ITP) en La Paz, donde expertos de la DIECP les aplicaron pruebas psicométricas y socioeconómicas, mientras que profesionales de Medicina Forense del Ministerio Público les realizarán la evaluación toxicológica.
El grupo está integrado por 118 mujeres y 331 hombres y todos cuentan con educación secundaria completa.
