TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de Honduras rechazó el Informe de Derechos Humanos emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos 2023.
En dicho informe se destaca que Honduras sufre abusos en el marco del estado de excepción, libertad de expresión, corrupción gubernamental, debilidad en el Poder Judicial, persecución de activistas comunitarios y de la diversidad sexual.
Fue el canciller Enrique Reina quien salió al paso y aseguró que por parte del gobierno rechazan que un Estado brinde su análisis de otro Estado Soberano.
Asimismo Reina atribuyó que los problemas que trataba dicho informe se debe a las dos administraciones pasadas lo que vuelve al informe “parcial”.
“Sin entrar a discutir su contenido y ya que la mayoría de los problemas que enfrentamos como país, son estructurales y fueron causados por la narco-dictadura, el informe al ser parcial y unilateral, no refleja los importantes avances”, publicó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su cuenta de X (antes Twitter).
En ese sentido el funcionario hondureño defendió el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de realizar “grandes esfuerzos” en temas de Estado de Derecho, derechos humanos y política inclusión y protección.
Del mismo modo, criticó que el informe realizado por el Departamento de Estado “no menciona todas las acciones llevadas a cabo para cumplir los compromisos de Honduras emanados de los Tratados, convenio y sentencias internacionales en materia de DDHH”
Departamento de Estado emite informe
Entre los puntos importantes de derechos humanos figuraban acciones de: asesinatos arbitrarios o ilegítimos; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes gubernamentales.
Además de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; graves problemas con la independencia del Poder Judicial.
Así mismo las graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluidas amenazas contra miembros de los medios por parte de elementos criminales; grave corrupción gubernamental; violencia generalizada de género, incluida la violencia doméstica, la violencia sexual y el feminicidio; y delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas de la comunidad LGTBI+.
También indican que el gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos o involucrado en corrupción, pero un “sistema judicial débil” y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas.
