TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las casas de emergencia que hoy deberían estar siendo el hogar de los afectados por las tormentas Eta y Iota, todavía siguen siendo cajones de hierro.
A finales del año anterior, el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, anunció la construcción de un proyecto habitacional, el cual se ejecutaría con contenedores porque sería más “rápido”.
La meta era que los cajones metálicos deberían estar instalados y habitadas por las familias afectadas desde febrero pasado.
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El equipo de Investigación de EL HERALDO desde mayo anterior comenzó a indagar sobre el proyecto habitacional, encontrando falta de transparencia en todos los procesos.
El gobierno no destinó la obra a la institución encargada de desarrollar la política de viviendas en Honduras, que es la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda).
El proyecto está siendo ejecutado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), dependiente de la Secretaría de la Presidencia.
EL HERALDO comprobó que la UCP opera bajo las sombras, desarrollando proyectos de licitación, contrataciones y compras para el Estados sin la transparencia debida, situación que genera desconfianza e incertidumbre sobre el futuro de las obras.
¿Qué pasa?
Mediante el decreto ejecutivo número 142-2020, publicado en el diario oficial La Gaceta, el 28 de diciembre de 2020, se ordenó al fideicomiso del proyecto “Sistema tecnológico y logístico para la administración de los derechos de la propiedad en la República de Honduras”, que administra el Instituto de la Propiedad (IP), financiar la construcción de las viviendas.
El fideicomiso traspasa los recursos a la UCP y esta hace las compras y las contrataciones para ejecutar las obras, sin informarle a las demás entidades del Estado relacionadas. Al menos eso contestaron algunos funcionarios del Comité Estratégico de Priorización, creado para atender estos proyectos.
El equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que las cotizaciones de los primeros cien contenedores se hicieron el 19 de enero a Inversiones Aparicio de San Pedro Sula, mediante el proceso No. 003-2021 UCP-RM.
El precio de los contenedores fue de 3,650 dólares cada uno, es decir, más de 90,000 lempiras. EL HERALDO se comunicó con el gerente de esta empresa, corroborando que sí hicieron la venta.
EL HERALDO también hizo solicitudes de información por medio de la plataforma del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sobre cómo opera la UCP y detalles de las contrataciones y compras hechas para este proyecto, pero hasta la fecha no dan respuesta.
Lo único que se conoció fue que a inicios de junio fueron separados los funcionarios que estaban a cargo, los arquitectos Mario León y Dino Rietti. León dijo que tenía mejores oportunidades laborales y Rietti no contestó las llamadas.
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Retrasos
Uno de los principales problemas se debe a que una empresa especializada en diseño propuso una solución para la cimentación con base en el estudio de suelos y capacidad soportante que se realizó en el sitio.
Los responsables del proyecto buscaron otras opciones y comenzaron la construcción en el terreno donde se están instalando los edificios habitacionales de tres niveles.
Ahora que los edificios están en un 90 por ciento de su estructura, la UCP contrató al experto estructural, Joaquín Torre, quien concluyó que se debe reforzar la cimentación.
Esto provocó un amplio retraso y mayor costo debido a que el proyecto ya lleva alrededor de cinco meses de retraso.
EL equipo de EL HERALDO ha ido en tres ocasiones hasta la zona en la aldea Santa Rosa, kilómetro 12, municipio del Distrito Central.
La primera vez el proyecto parecía estar detenido y no hubo acceso, la segunda vez las autoridades informaron que en junio estaría entregado y la última vez fue esta semana, donde los guardias de seguridad recibieron órdenes de no dejar entrar a nadie.
El equipo de EL HERALDO hizo fotografías desde afuera y por radio se comunicaron y mandaron a donde el fotógrafo, para ordenarle que no tomaran fotos, diciendo que estaba prohibido.
A un costado del proyecto hay un rótulo donde dice: “Construcción de 102 viviendas”, la constructora del proyecto es la empresa Ecomac S.A. de C.V, la misma que está instalando los hospitales móviles desde el año pasado.
Mientras que la empresa supervisora es la empresa Conash S. de R.L.
El costo de las primeras 102 soluciones habitaciones es de 16,316,421.84 lempiras, es decir, a un monto de 160,000 lempiras cada una, con una fecha de finalización de mayo de 2021, no obstante, esa fecha sigue lejos de cumplirse.
Marco Antonio Baday, presidente de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), quien es mediador del proyecto, informó que la fecha de entrega era para febrero de 2021, es decir, ya lleva cerca de cinco meses de retraso.
Detalló que el proyecto de emergencia contempla la construcción de 1,000 casas de contenedores, pero así como avanza la obra, será difícil verlas.
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Precisó que en la zona se está trabajando en tres etapas, la primera es el proyecto de emergencia que comprende la construcción de 1,000 viviendas sociales con contenedores, después se hará el reasentamiento, que es ubicar a la gente que está viviendo en la parte de arriba de esa colonia, y por último se ejecutará el proyecto de Residencial Morazán para beneficiar a 70,000 familias en 14,000 edificios, tipo torres.
Informes de la supervisión establecen que el costo de las casas contenedores aumentó aproximadamente en un millón de lempiras, es decir, a más de 17 millones debido a que se cambiaron los diseños eléctricos y de acondicionamiento.
También hay otra empresa contratista llamado TAI, que están haciendo los accesos, las instalaciones eléctricas y techando los edificios de contenedores debido a que se les metió el agua ahorita con las tormentas.
Estos trabajos tienen un costo adicional de 12 millones de lempiras.
