Desde tempranas horas un grupo de personas se apostaron en las afueras de Medicina Forense de Tegucigalpa, en espera de los restos de Cáceres y en señal de solidaridad con su familia, pero principalmente para exigir que se haga justicia y que su muerte no se sume a la impunidad de otros casos.
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'Todos somos Berta', gritaban al unísono los manifestantes compuestos entre familiares y personas que se trasladaron desde La Esperanza hasta Tegucigalpa, así como grupos defensores de los derechos humanos en la capital.
Personajes como Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos, el Embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon y el presidente Juan Orlando Hernández, condenaron la muerte de la defensora de los derechos indígenas.
A criterio de Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), la muerte de Berta Cáceres es un ejemplo paradigmático de las consecuencias de vivir en un estado de impunidad, en el cual los violentos se siente habilitados a cometer horrendos crímenes como el que le quitó la vida a la defensora de derechos humanos.
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Rivera, manifestó que “es reprochable que exista un clima habilitante para que se violenten derechos y libertades, al extremo de acallar voces beligerantes que luchan por la defensa del medio ambiente y los grupos colocados en situación vulnerabilidad”, como ha sido este caso.
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“En Honduras, solamente el 4% de las muertes violentas llegan a juicio oral y público, y reciben sentencia condenatoria; con un 96% de impunidad, cualquiera se anima a cometer un asesinato” señaló el representante de la sociedad civil.
El coordinador de la APJ, exigió a las autoridades estatales proceder a ejecutar una amplia, rigurosa y efectiva investigación para que este caso no quede en impunidad, ya que –precisamente- esa falta de sanción a los delitos contra la vida “ es el caldo de cultivo que multiplica las manifestaciones de violencia y criminalidad en el país”.
