Honduras se apresta a proceder con una histórica sentencia que permitiría subastar los bienes que adquirió la chilena Natalia Ciuffardi a través de su relación sentimental con Mario Zelaya, exgerente y figura del desfalco del Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS).
Así lo informó la noche de este lunes la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) en un comunicado de prensa donde manifesta la intención de vender las propiedades compradas con dinero drenado del Seguro Social.
Previo a ello, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá resolver a favor mañana martes en la Sala de lo Penal en una audiencia de homologación y reconocimiento de una sentencia dictada por un juzgado chileno en 2015.
'Una vez resuelta la solicitud presentada por la OABI a efecto que la sentencia dictada en el extranjero tenga validez en el país, esta dependencia procederá a la venta de los bienes declarados en comiso', informó la institución.
El organismo administrador detalló que las propiedades son dos apartamentos en los condominios Nuevos Horizontes en la colonia San Ignacio y una casa en la fracción No.2 del Hato de Enmedio de la capital de Honduras.
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Según documentos a los que tuvo acceso EL HERALDO hace un año, la chilena adquirió tres bienes en Honduras por el valor de 6.2 millones de lempiras.
Además de estos tres inmuebles, Ciuffardi también compró tres inmuebles en Chile, de los que fue privado por la justicia de esa nación sudamericana.
El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago de Chile encontró culpable en junio del 2015 a la exbailarina de lavado activos y fue condenada a cinco años de libertad vigilada, aunque Honduras pedía extradición.
Este proceso para adquirir y administrar las propiedades que la expareja de Zelaya compró con fondo de la seguridad social comenzó en mayo de este año y con la sentencia la OABI ya tiene la libertad.
'A efecto de proceder a la distribución en favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social en aplicación del artículo 78A de la Ley Sobre Privación de Dominio', detalló la OABI.
Una fuente de la institución valoró que sería la primera sentencia por casos de corrupción y homologación que se produce en el país.
