Tegucigalpa, Honduras
Fundamentados en el concepto de terrorismo según resoluciones de las Naciones Unidas, diversos sectores sociales relacionados con la comunicación y la defensa de la libertad de expresión rechazaron el jueves un agregado que se le hizo antenoche al artículo 335 del Código Penal con el fin de condenar de cuatro a ocho años de cárcel a quienes hagan apología e inciten a los actos de terrorismo de forma pública, empleando los medios de comunicación o difusión.
La reconsideración que fue planteada a última hora por Óscar Alvarez, jefe de la bancada del Partido Nacional y exministro de Seguridad, fue considerada inmediatamente como “un zarpazo” a la libertad de expresión, de prensa y de información, pilares fundamentales de una democracia.
La forma en que se introdujo la enmienda y la manera en que se aprobó levantó una enorme sospecha entre la ciudadanía, que comenzó a preguntarse ¿qué hay detrás de todo eso? Solo el proyectista lo sabe, dijo Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
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Terrorismo
Como su conceptualización es muy ambigua, en 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que llamó “Medidas para prevenir el terrorismo internacional que pone en peligro vidas humanas inocentes o causa su pérdida, o compromete las libertades fundamentales, y estudio de las causas subyacentes de las formas de terrorismo y los actos de violencia que tienen su origen en las aflicciones, la frustración, los agravios y la desesperanza y que conducen a algunas personas a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, en un intento de lograr cambios radicales”.
+Hasta ocho años de cárcel por hacer apología al terrorismo
Esta resolución condena la persistencia de los actos represivos y de terrorismo cometidos por regímenes que buscan negar a los pueblos su legítimo derecho a la libre determinación y a la independencia y otros derechos humanos y libertades fundamentales.
A última hora se conoció que esta figura de la apología del terrorismo, que se aprobó en el marco de una política legalista “para enfrentar la violencia y la criminalidad”, sería rectificada por el Poder Legislativo, pero a pesar de ello organizaciones defensoras de las libertades alistan sus baterías para defender los derechos ciudadanos, tanto a nivel nacional como internacionalmente.
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