Tegucigalpa, Honduras
El gobierno de Honduras ha identificado en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República del ejercicio fiscal 2016 la cantidad de 200 millones de lempiras que serán destinados para el pago de prestaciones a los policías que se retirarán voluntariamente de la Policía Nacional.
“Atendiendo la instrucción del presidente Juan Orlando Hernández, se hizo la búsqueda del dinero y ya está listo para que se utilice por parte de la Policía”, dijo el subsecretario de Finanzas, Carlos Borjas.
El funcionario indicó que no se conoce el monto que se requerirá para ejecutar todo el proceso de la depuración policial, aunque se ha dicho que el número de elementos que serán separados es de 1,400.
Borjas afirmó que preliminarmente se ha informado que para la depuración de estos 1,400 elementos se requieren 400 millones de lempiras.
Con relación a las fuentes de financiamiento, indicó que se trata de ahorros en la ejecución presupuestaria producto de la evaluación por resultados, o sea que hay instituciones que no ejecutan sus programas y proyectos, lo que permite que este dinero esté disponible.
El decreto 21-2016 crea la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional a efecto de que esta entidad realice un proceso de certificación de los efectivos y determine quiénes son idóneos para continuar en la institución armada.
La norma autoriza a la Secretaría de Finanzas para que cree la partida presupuestaria que servirá para pagar las prestaciones de los policías que se retiren de forma voluntaria.
Al Poder Ejecutivo se le autoriza, además, suscribir empréstitos, emitir bonos soberanos en el mercado doméstico o internacional o suscribir los convenios que sean necesarios para obtener los recursos financieros que se requieran para garantizar dicho pago.
El decreto 21-2016 califica de emergencia la depuración de la Policía Nacional, y en ese sentido se le instruyó a la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional hacer el adecentamiento del organismo de seguridad.
La comisión depuradora está integrada por el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano; el coordinador de la Asociación por la Paz y la Justicia, Omar Rivera; y la miembro de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Vilma Morales.
El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, es el presidente de la comisión, que tendrá un año de funcionamiento.
El Poder Ejecutivo también aprobó el decreto 029-2016 para la reestructuración de la Policía Nacional y también autorizó el pago de prestaciones a los agentes que se retiren de forma voluntaria.
Un grupo de 32 oficiales de la Policía, de la quinta a la novena promoción, habían llegado a un acuerdo de retiro voluntario, pero la comisión suspendió el trámite para que sean investigados.
Respuesta a denuncias
La depuración emergente es una de las medidas de las autoridades ante las denuncias del involucramiento de policías en crímenes emblemáticos.
EL HERALDO reveló que, según el expediente DGPN-DED2-DI-No. 1101-2009 de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, altos oficiales de la Policía se reunieron para planificar y ejecutar la muerte del zar antidrogas Arístides González.
De acuerdo con el documento, González, quien era jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), fue asesinado por sicarios motorizados que lo interceptaron cuando transitaba por el barrio Guanacaste de la capital el 8 de diciembre de 2009.
Un narcotraficante de La Mosquitia fue quien pagó para que se matara a González como represalia porque el zar antidrogas hizo un operativo para impedir que el capo robara una droga en Gracias a Dios, según el informe.
Mientras, EL HERALDO también dio a conocer que el informe SEDS-IG-0167-2012, de la Inspectoría General de la Policía Nacional, señala que otro grupo de oficiales está vinculado con el asesinado del exasesor de la DLCN, Alfredo Landaverde.
El asesinato de Landaverde, ocurrido en el bulevar Los Próceres de Tegucigalpa el 7 de diciembre de 2011, fue ordenado por un grupo de oficiales de la Policía porque el asesor cuestionó que la jerarquía policial sabía quiénes eran los grandes capos y no actuaba, según el documento.
Listas investigaciones
Por su parte, el comisionado Omar Rivera afirmó que en las próximas horas se podría conocer cuántos altos oficiales de los nueve sobre los que se priorizó la investigación podrían salir de la Policía Nacional producto de la indagación de sus antecedentes.
Desde la tarde del martes los comisionados están analizando la información que les ha llegado por parte de las instituciones contraloras del Estado sobre los nueve comisionados generales que están siendo investigados.
La comisión pidió información a operadores de justicia sobre el director y subdirector de la Policía Nacional, Félix Villanueva y Quintín Juárez.
De igual manera se solicitaron datos del director de Operaciones, Héctor Iván Mejía, así como de los exdirectores de la Policía Ramón Sabillón, Juan Carlos Bonilla y Ricardo Ramírez del Cid.
El mismo requerimiento se hizo del exdirector de Operaciones, Leopoldo Flores Milla; el exjefe de Inteligencia, Elder Madrid Guerra; y el exdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Leandro Osorio.
Rivera Aseguró que la información que se ha solicitado de los nueve generales es para determinar si tienen algún tipo de responsabilidad, investigación abierta o sentencia condenatoria, “y que eso nos ayude a determinar su idoneidad para que continúen en el desempeño de sus funciones o que tengan que salir de la institución”.
“Hemos iniciado esa jornada, hemos programado entre hoy (ayer) y mañana ( hoy) para poder tener la seguridad de que la información (el análisis) va estar completa, de que la decisión va a estar sustentada sobre hechos irrefutables y determinar quiénes continúan y quiénes salen de la institución policial”, agregó.
“Yo creo que antes del fin de semana podemos tener una idea bastante clara de quiénes son los generales que van a continuar prestando los servicios y cuáles son los que van a tener que hacerse a un lado para darles oportunidad a las nuevas generaciones”, remarcó.
El ministro de Seguridad es quien tiene la potestad de aplicar los despidos.
