Tegucigalpa, Honduras
La conformación de una unidad anticorrupción en la Procuraduría General de la República (PGR) es casi un hecho.
EL HERALDO reveló el lunes que la instancia es uno de los propósitos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) para 2017.
“Es una unidad muy importante para poder recuperar los activos y los recursos de Honduras que en este momento requieren ser recuperados”, señaló Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maccih.
Tanto la Misión como la PGR ya comenzaron a trabajar en la conformación de esta nueva unidad.
Hasta ahora se desconoce quiénes van a conformar la unidad. Jiménez no precisó cuándo será conformada. “Estamos trabajando en eso. Próximamente vamos hacer el anuncio”, dijo.
Extraoficialmente trascendió que la Misión y la PGR firmarán un acuerdo para establecer esta unidad.
EL HERALDO conoció que esta nueva entidad anticorrupción de la PGR estará debidamente certificada.
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Es decir que quienes la conformen deberán someterse a rigurosas pruebas de confianza.
Desde el año anterior la Procuraduría y la Misión iniciaron un programa de colaboración destinado a mejorar las capacidades de los abogados a cargo de la defensa de los intereses del Estado.
El objetivo era buscar implantar una sólida política anticorrupción.
La PGR se comprometió a no otorgar dentro del ámbito de sus competencias, en los delitos de corrupción, medidas desjudicializadoras al proceso penal.
Aquí se incluyen figuras como la conciliación, criterio de oportunidad, procedimiento abreviado o suspensión de la persecución penal, en las cuales el Estado resulte lesionado en sus intereses.
Según la Maccih, con esta iniciativa se evitaron más de 60 conciliaciones en casos de corrupción por parte de la PGR.
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Otros objetivos
La Misión también tiene como otros objetivos en este 2017 promover la construcción de al menos cinco legislaciones que buscan luchar contra la corrupción pública y privada.
La Ley de Colaboración Eficaz fue planteada por la Maccih desde el año anterior.
“Esta es una herramienta importante para que la Fiscalía pueda recabar medios probatorios de miembros de organizaciones criminales que puedan aportar los elementos que permitan identificar al resto de la organización”, dijo Jiménez.
El objetivo de esta norma es que los criminales entreguen información. A cambio recibirán una reducción de sus condenas.
Desde diciembre de 2016 el gobierno hondureño tiene en sus manos esta iniciativa.
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“Esperamos que el gobierno pueda presentar este proyecto de Ley al Congreso Nacional para que se dé esta discusión, creemos que es muy necesaria no solamente para casos de corrupción sino que para cualquier actividad criminal que esté afectando la vida de los hondureños”, manifestó.
Además señaló que espera que este tema no vaya ser politizado. Entre otras normativas, la Misión está promoviendo la construcción de una ley de secretos, una ley anticorrupción, una ley de cooperación judicial internacional y la denominada Ley de Tráfico de Influencias.
La cinco legislaciones encaminadas a combatir la corrupción e impunidad en Honduras.
