Tegucigalpa, Honduras
La controversia y la crisis que se ha desatado en los últimos días en el Poder Judicial tienen su origen en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial publicada en el diario oficial La Gaceta de fecha 15 de abril de 2016.
Dicha derogación fue firmada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“La sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal podrá declarar también aquellos preceptos de la misma ley, de otra u otras con las que tenga una relación directa y necesaria”, manifiesta textualmente la disposición del Poder Judicial.
Asimismo, explica que el nombramiento de los dos titulares de la Inspectoría General de los Órganos Judiciales también es abarcado por el efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad y, por lo tanto, este órgano debe ser expulsado del ordenamiento jurídico por carecer de sustento legal para ejercer una función como servidor del Estado.
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Esto significa que tanto el Consejo de la Judicatura como los cargos de concejales e inspectores de tribunales desaparecieron del sistema judicial hondureño.
De lo contrarío se entraría en conflicto con el artículo 321 de la Constitución de la República, que expresa que los servidores del Estado no tienen más facultades que la ley le confiere. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.
De acuerdo con la Ley del Consejo de la Judicatura, el papel fundamental que el inspector general e inspector adjunto tienen cómo atribución es investigar el patrimonio de los funcionarios y empleados judiciales.
El lunes anterior, la inspectora adjunta de tribunales, Marlene Suyapa Pérez, denunció una serie de actos irregularidades que salpican a altos funcionarios del Poder Judicial.
Esto desató una crisis interna en la Corte Suprema de Justicia porque la funcionaria señaló que el mismo presidente de ese poder del Estado está violentando derechos humanos.
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Entre otras denuncias, Pérez dijo que “el presidente de la CSJ es un irrespetuoso de la ley que ha violentado mi independencia judicial”.
También dijo que en el Poder Judicial se está buscando favorecer políticamente al exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, para evitar que vaya a la cárcel.
En ese sentido, el mismo Bonilla descalificó las expresiones vertidas por Pérez desde su casa, donde guarda prisión desde hace nueve meses.
“Yo rechazo totalmente estas mentiras”, dijo Bonilla, quien se encuentra con la medida de arresto domiciliario.
En un comunicado el Poder Judicial calificó sin fundamento los señalamientos de la inspectora adjunta.
Sobre el particular, Juan Pablo Aguirre, inspector general de tribunales, dijo ayer que “la sentencia emitida por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es totalmente ilegal porque fue el Congreso Nacional quien nos nombró y, por lo tanto, a ellos les corresponde destituirnos mediante una renuncia o en su defecto un juicio político”.
En ese sentido, dijo que hasta hoy la Inspectoría de Tribunales ha estado funcionando normalmente, sin embargo, no han recibido los salarios respectivos correspondientes al mes de septiembre.
No obstante, el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, emitió una resolución que retorna a estos funcionarios a sus puestos originales.
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