TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) aún sigue siendo una incógnita, sin embargo, hay peticiones claras para su instalación.
Edmundo Orellana, ministro de Transparencia, precisó que durante la negociación del convenio deberán plasmarse reformas constitucionales y el Congreso Nacional (CN) realizarlas.
Una de las reformas constitucionales que Naciones Unidas ha pedido, según Orellana, es modificar el artículo 232 de la Carta Magna.
“El formato de Naciones Unidas exige reformar el artículo 232 de la Constitución de la República para instalar la CICIH en Honduras”, reconoció Orellana. Este apartado legal refiere sobre las atribuciones del Ministerio Público y establece que corresponde a este órgano contralor “el ejercicio oficioso de la acción penal pública.
En los asuntos de su competencia será ejercitada por la Procuraduría General de la República y a las acciones que corresponda en su caso los particulares. Así mismo tiene el Ministerio público la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense”.
Es decir que la acción penal pública sería compartida con la CICIH, en concordancia con un proyecto en el CN presentado por la diputada de Libre, Hortensia Zelaya. La coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, dijo que “será el grupo de expertos que identificarán las reformas constitucionales necesarias, se analizará lo dicho por el ministro de Transparencia pero es muy anticipado hablar de una reforma”.
Una reforma constitucional implicará que deberá ser ratificada en la siguiente legislatura, es decir en 2024, lo que aleja la intención de instalar la CICIH este 2023.
