TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los
efectos del Código Penal comenzarán a darse instantáneamente si esa norma entra en vigor, pero antes de que eso ocurra un grupo de jueces han solicitado una revisión de la nueva normativa que mantiene confrontados a diversos sectores de la sociedad.
Los togados coinciden en dos puntos esenciales que deberán ser tomados en cuenta por el Congreso Nacional.
El primero es el poco espacio que se le dio a los operadores de justicia para conocer y estudiar esta norma.
“La vacatio legis de seis meses es insuficiente para que los operadores de justicia y la sociedad hondureña conozcan el contenido del nuevo Código Penal y que sobre esa base se conduzca a partir de que el Código entre en vigencia” expresó el juez coordinador de los Tribunales de Sentencia de Francisco Morazán, Mario Díaz.
De su lado, la Asociación de Jueces por la Democracia, planteó que es necesario ampliar la vacatio legis hasta 2021, para estudiar la nueva legislación, que se encuentra en un limbo legal.
“Se considera verdaderamente corto el tiempo para la discusión, conocimiento y preparación de condiciones para la entrada en vigencia de la nueva ley penal. Como Asociación de Jueces por la Democracia solicitamos al Congreso Nacional que se amplíe el plazo de vacatio legis hasta el 10 de mayo del año 2021”, señala un comunicado de la entidad gremial.
En ese sentido, han solicitado analizar la normativa que ha generado el debate en la sociedad hondureña por su considerable reducción de penas en delitos contra la corrupción, tráfico de drogas y otros.
Mario Díaz, representante Asociación de Jueces por la Democracia, es del criterio que existen muchas figuras delictivas que deben ser revisadas para colocarlas más a tono con los intereses de la sociedad.
“Hay algunos tipos delictivos que han sido cuestionados, lo referente al tratamiento del narcotráfico en cuanto a la pena, delitos contra la corrupción, que igualmente sufren cambios bastantes sensibles, los delitos contra la mujer, el tema que hay artículos que podrían utilizarse para impedir la protestas, el tema de la libertad de expresión, son temas que deben discutirse y sufrir reformas”.
Sin embargo, esto supondrá un embrollo, pues basta que el nuevo Código Penal entre en vigencia para que decenas de implicados en casos de corrupción y delitos de criminalidad organizada se vean beneficiados, todo por el principio de la retroactividad de la ley en materia penal que se contempla en el artículo 96 de la Constitución.
De su lado, Karla Romero, jueza de sentencia de los tribunales capitalinos, expresó que “es oportuno darle una revisión, pero sobre todo una socialización con aquellas personas que lo van a aplicar, en este caso los jueces, porque no se les tomó en cuenta para implementar el modelo a seguir o las modificaciones, se tomaron en cuenta opiniones de consultores extranjeros que en otros países se han modificado estas penas, siguiendo otras realidades aplicables a una sociedad diferente”.
A juicio de la togada, es acertado que se establezca una socialización con los entes que aplican directamente las figuras delictivas que están integradas en el Código Penal y que se puedan empapar de las mismas.
Al final, le corresponderá al Congreso Nacional resolver la disyuntiva alrededor de la nueva norma que cobrará vigencia el 10 de noviembre.
En diciembre de 2017, el Poder Legislativo aprobó el decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal y que fue publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 10 de mayo.
Entre otros aspectos, OACNUDH mostró su preocupación en lo que concierne a restricciones al derecho a la libertad de reunión y asociación.
“La Oficina expresa su preocupación por la amplia formulación y vaguedad de los elementos que configuran el tipo penal y reitera sus previas recomendaciones en el sentido de definir claramente y reforzar el grado de participación o autoría requerido y elevar el estándar de meros delitos a delitos graves”, señala el documento.
Los togados coinciden en dos puntos esenciales que deberán ser tomados en cuenta por el Congreso Nacional.
El primero es el poco espacio que se le dio a los operadores de justicia para conocer y estudiar esta norma.
“La vacatio legis de seis meses es insuficiente para que los operadores de justicia y la sociedad hondureña conozcan el contenido del nuevo Código Penal y que sobre esa base se conduzca a partir de que el Código entre en vigencia” expresó el juez coordinador de los Tribunales de Sentencia de Francisco Morazán, Mario Díaz.
De su lado, la Asociación de Jueces por la Democracia, planteó que es necesario ampliar la vacatio legis hasta 2021, para estudiar la nueva legislación, que se encuentra en un limbo legal.
“Se considera verdaderamente corto el tiempo para la discusión, conocimiento y preparación de condiciones para la entrada en vigencia de la nueva ley penal. Como Asociación de Jueces por la Democracia solicitamos al Congreso Nacional que se amplíe el plazo de vacatio legis hasta el 10 de mayo del año 2021”, señala un comunicado de la entidad gremial.
Preocupación
El segundo punto, y que se considera de gran preocupación para la mayoría de los jueces, no radica en la ampliación o no de la vacación, sino en la disminución del castigo en algunos delitos.En ese sentido, han solicitado analizar la normativa que ha generado el debate en la sociedad hondureña por su considerable reducción de penas en delitos contra la corrupción, tráfico de drogas y otros.
Mario Díaz, representante Asociación de Jueces por la Democracia, es del criterio que existen muchas figuras delictivas que deben ser revisadas para colocarlas más a tono con los intereses de la sociedad.
“Hay algunos tipos delictivos que han sido cuestionados, lo referente al tratamiento del narcotráfico en cuanto a la pena, delitos contra la corrupción, que igualmente sufren cambios bastantes sensibles, los delitos contra la mujer, el tema que hay artículos que podrían utilizarse para impedir la protestas, el tema de la libertad de expresión, son temas que deben discutirse y sufrir reformas”.
VEA TAMBIÉN: Nuevo Código Penal de Honduras está en medio de laberinto legal
Desde el punto de vista del funcionario judicial, las reformas deben hacerse una vez que el Código entre en vigencia, “porque no es posible reformar algo que no está afectando en este momento a nadie porque no se está aplicando”.
El 10 de noviembreentra en vigencia el nuevo Código Penal de Honduras. |
Sin embargo, esto supondrá un embrollo, pues basta que el nuevo Código Penal entre en vigencia para que decenas de implicados en casos de corrupción y delitos de criminalidad organizada se vean beneficiados, todo por el principio de la retroactividad de la ley en materia penal que se contempla en el artículo 96 de la Constitución.
De su lado, Karla Romero, jueza de sentencia de los tribunales capitalinos, expresó que “es oportuno darle una revisión, pero sobre todo una socialización con aquellas personas que lo van a aplicar, en este caso los jueces, porque no se les tomó en cuenta para implementar el modelo a seguir o las modificaciones, se tomaron en cuenta opiniones de consultores extranjeros que en otros países se han modificado estas penas, siguiendo otras realidades aplicables a una sociedad diferente”.
A juicio de la togada, es acertado que se establezca una socialización con los entes que aplican directamente las figuras delictivas que están integradas en el Código Penal y que se puedan empapar de las mismas.
Al final, le corresponderá al Congreso Nacional resolver la disyuntiva alrededor de la nueva norma que cobrará vigencia el 10 de noviembre.
En diciembre de 2017, el Poder Legislativo aprobó el decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal y que fue publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 10 de mayo.
Observaciones
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) hizo un análisis y observaciones al nuevo Código Penal desde una perspectiva de derechos humanos.Entre otros aspectos, OACNUDH mostró su preocupación en lo que concierne a restricciones al derecho a la libertad de reunión y asociación.
“La Oficina expresa su preocupación por la amplia formulación y vaguedad de los elementos que configuran el tipo penal y reitera sus previas recomendaciones en el sentido de definir claramente y reforzar el grado de participación o autoría requerido y elevar el estándar de meros delitos a delitos graves”, señala el documento.
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Asimismo, observa con preocupación los obstáculos del nuevo Código Penal respecto del análisis de la responsabilidad de mando en contextos de graves violaciones de los derechos humanos.
Las disposiciones actuales del Código Penal contravienen estándares internacionales y recomendaciones respecto del deber del Estado, ante violaciones de DD HH que constituyen delitos, conducir investigaciones de tal manera que conlleven a la identificación y el enjuiciamiento de todos los responsables de las violaciones.
