TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito se apresta a notificar a las partes procesales la petición de los fiscales de confiscar definitivamente los bienes de los acusados en el caso Pandora.
“Se están haciendo las diligencias de notificación personal del caso que recientemente ha sido divulgado”, informó Melvin Duarte, vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Alrededor del caso Pandora existen dos expedientes de privación de bienes, el primero que incluye 15 bienes y el segundo que fue el publicado por la Maccih que incluye 37 bienes.
En el primer caso, el Ministerio Público busca asegurar definitivamente dos oficinas en un edificio exclusivo de la capital, dos viviendas, un lote de terreno, cuatro sociedades mercantiles y seis vehículos.
El caso, que está adelantado en este momento, es un primer grupo que fue presentado anteriormente al Juzgado de Privación en que se incluye a Fernando José Suárez, Lorena Portillo, Jorge Alberto Herrera, Alba Luz Ramírez, Sixto Pineda y José Rubio Suazo.
“Se va a proceder en los próximos días a hacer las comunicaciones y posteriormente se estaría citando a la primera audiencia de este primer grupo”, señaló Duarte.
El segundo caso es el que presentó el miércoles la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), en el que solicita la privación definitiva de 37 bienes: 31 inmuebles, tres sociedades mercantiles y tres cuentas bancarias.
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Los implicados en el segundo expediente son los diputados Elvin Santos, Elden Vásquez, Celín Discua, Rodolfo Irías Navas, Edgardo Martínez y los señores Redin Lenin Chávez, Armando José Rivera, Arnold Gustavo Castro, Lenín Rigoberto Rodas, Eduardo Enrique Lanza y Jean François de Peyrecave, quien es socio de la primera dama Ana García y Zoila Cruz en una de las sociedades mercantiles aseguradas.
Asimismo, las sedes del Partido Liberal y del Partido Nacional.
En este caso, el juez asignado al proceso deberá notificar a las partes para iniciar con el proceso, que es similar al de un juicio.
A 15personas implicadas en el caso Pandora se le aseguraron bienes, según consta en la acusación fiscal. |
Recientemente, la Maccih y la Ufecic solicitaron ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio la privación definitiva de los bienes de los acusados en el caso Pandora.
Según la investigación, los acusados “compraron o mezclaron con el dinero supuestamente sustraído al Estado hondureño y en aquellos casos en donde no ha sido posible recuperar los fondos, se inició acción sobre bienes por valor equivalente”.
En la segunda solicitud, el valor total de los bienes asciende a más de 42 millones de lempiras.
“La solicitud de Maccih y Ufecic tiene el objeto de recuperar a favor del Estado los caudales que en su momento fueron sustraídos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería”, que ascendieron a más de 282 millones de lempiras.
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Este dinero originalmente estaba destinado a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá, Colón, Yoro, Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Gracias a Dios y Comayagua.
Proceso
El caso Pandora se está dirimiendo en dos órganos jurisdiccionales independientes.
El primero es la acusación penal instruida por el Ministerio Público contra 38 personas acusados del desvío de 282 millones de lempiras de la SAG a campañas políticas y hasta sus bolsillos, y que fue señalado como un caso de corrupción.
Este proceso busca castigar la supuesta conducta irregular de los acusados de desviar los fondos públicos.
La acusación se encuentra en manos de la Corte de Apelaciones, que no ha resuelto una serie de recursos de apelación que fueron interpuestos por las partes procesales.
El segundo es el proceso de privación de dominio que busca recuperar a través de la incautación de los bienes los recursos que supuestamente fueron sustraídos. Durante el juicio de privación, los acusados deberán demostrar la procedencia de los bienes.
Si los implicados no logran demostrar la procedencia lícita de los bienes, estos pasarán definitivamente al Estado, pero si logran acreditar su procedencia legal, serán devueltos a sus dueños.
“Son procesos completamente independiente”, explicó el juez Mario Díaz.
