TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tres implicados en el denominado caso 'Pandora' acudirán este lunes al desarrollo de su juicio oral y público.
Se trata del extitular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, y las señoras Laura Arita y Norma Keffy Montes.
La Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco) acusó a Regalado y Arita de ocho delitos de violación de los deberes de los funcionarios, ocho por fraude y seis por malversación de caudales públicos.
Mientras que a la señora Norma Keffy Montes es acusada de falsificación de documentos públicos.
El juicio se dirimirá en el Tribunal de Sentencias en Materia de Corrupción y su inicio está previsto para las 9:00 de la mañana.
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Durante el debate, los fiscales anticorrupción presentarán una contundente carga probatoria en la que buscarán la culpabilidad de los tres imputados.
Entre las pruebas presentarán un testimonio de un inversionista extranjero y cónsul honorario de Italia en Roatán, relacionados a la utilización indebida de la Fundación Dibattista, en operaciones atípicas y no autorizadas, la auditoría especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la SAG y otras pericias técnicas.
Durante las investigaciones, los fiscales encontraron indicios suficientes que fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón, mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco (Yoro) y escuelas de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habrían sido destinados a financiar campañas políticas en el año 2013 y otros gastos personales de los implicados por 282 millones de lempiras.
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Judicialización
En junio de 2018, la Uferco junto a la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) judicializaron el caso 'Pandora', que incluyó a 36 imputados, entre ellos funcionarios estatales y actuales diputados del Congreso Nacional.
De acuerdo a la tesis acusatoria de los fiscales, los imputados fraguaron un megafraude que concluyó en el drenaje de más de 282 millones de lempiras de las arcas de la SAG, que fueron destinados para pagar campañas políticas.
En el requerimiento fiscal figuraron los actuales diputados José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, entre otros.
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A pesar de que un juez de primera instancia procesó a los imputados, una corte de apelaciones designada conformada por magistrados del Poder Judicial emitió cartas de libertad a su favor, liberándolos de toda responsabilidad penal.
No obstante, la Uferco interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a fin de revertir lo actuado por el tribunal de alzada y someter a los diputados a un juicio. El escrito se encuentra engavetado en la Sala Constitucional.
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