TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los fiscales del Ministerio Público no lograron demostrar en juicio oral y público la vinculación de la familia Benítez del occidente del país en el lavado de activos por negocios con personas supuestamente vinculadas al mundo del narcotráfico.
Fueron acusados por la Fiscalía Rigoberto Benítez Guerra, Amanda Edith Palma Barnica, Rigoberto Benítez Palma, Glenda Argentina Benítez y Héctor Maximiliano Benítez, pero tras un mes del juicio, el tribunal los exoneró.
Una nota enviada a este medio por los representantes legales de la familia explica que de acuerdo a la resolución del tribunal de sentencia, todo lo actuado por el MP quedó dilucidado y se pudo en evidencia la actitud y conducta de los fiscales.
La Fiscalía acusó en su momento a la familia Benítez Guerra y Benítez Palma que ellos tuvieron vínculos con personas relacionadas con delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas.
Sin embargo, la parte defensora logró destruir la pericia financiera y patrimonial del Ministerio Público en información sin control jurisdiccional como lo manda la ley, presentando con innumerables errores de cálculo matemático, aduciendo siempre error de dedo.
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La nota enviada a este medio dice que “la defensa hace suya la pericia de extracción de información de dispositivos electrónicos mediante la cual el perito del Ministerio Público indica que no existe ninguna comunicación telefónica , video, WhatsApp o cualquier tipo de comunicación que revele actividades ilícitas de cualquier tipo”.
Según la nota de prensa de la defensa, el análisis del tribunal demostró que “no existe rastro de dinero que permita inferir (prueba indiciaria) que activos del señor Jorge Alberto Barralaga haya ingresado al patrimonio de la familia Benítez”.
“Con respecto al señor José Orlando Leiva Nataren, el Ministerio Público no ha aportado información más allá que una mera referencia , indicando quela mera denuncia o tener un proceso abierto no constituye base suficiente para establecer que se dedica a actividades ilícitas y menos aún que éste haya tenido vínculos con la familia Benítez, además de aportar pruebas que los acusados sabían de sus actuaciones ilícitas... todo esto no sucedió en el juicio”, dice la nota de prensa.
Agrega la nota que en relación a Elías José Rosales y Liana María Bueso Majano queda claro en los dichos del Ministerio Público que estos fueron insuficientes, quedando como mera suposición en sus argumentos.
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Y subrayan que en el caso de la señora Digna Valle Valle en el fallo del tribunal de sentencia ni tan siquiera fue mencionada por quedando nuevamente claro que el Ministerio Público miente y el daño moral hacia un ser humano como es la familia Benítez.
Concluye el tribunal de sentencia con jurisdicción nacional que si la fiscalía como institución maneja un universo de información más amplio al respecto, ciertamente no se aportó al caso de la familia Benítez. “Recalca el tribunal los supuestos indicios resultan ser débiles, carentes de univocidad que permitan descartar que esas vinculaciones, si acaso existen, obedezcan a los propósitos alegados de blanquear capitales”.