TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción dictó medidas distintas a la detención judicial al exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía, señalado por violación de los deberes de los funcionarios.
Entre las medidas impuestas a Mejía figuran la prohibición de salir del país y presentarse a firmar el libro judicial cada 15 días.
En su tesis acusatoria, la Fiscalía asegura que Mejía y otros funcionarios de la estatal omitieron algunos lineamientos de verificación en el proyecto de electrificación en la comunidad de El Rodeo, Intibucá, el cual no fue ejecutado, pese a que se retiraron los materiales.
La audiencia inicial de este caso será el 30 de enero.
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La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), Regional Comayagua, alega que en el año 2017 los imputados habrían incurrido en irregularidades relacionadas con un proyecto de electrificación en la comunidad de El Rodeo, Intibucá, el cual no fue ejecutado, pese a que se retiraron los materiales.
Además de Jesús Mejía fue acusado el director del Fondo Social Desarrollo Eléctrico (FOSODE), Mario Ricardo Flores Cardona, por suponerlos responsables de violación de los deberes de los funcionarios, y también al jefe de almacén de la ENEE, Gerardo Antonio Rivera Mairena, por suponerlo responsable de malversación de caudales públicos.
Relacionado con este caso, la FETCCOP también promovió un antejuicio en contra del regidor municipal de Intibucá, Selvin Sadi Márquez Euceda, por el delito de malversación de caudales públicos, ya que según investigaciones de la ATIC, el 17 de noviembre de 2017 el regidor retiró del almacén central de la estatal eléctrica los materiales que según la solicitud estaban destinados para la electrificación de dicha comunidad y mediante inspección realizada el 05 de abril de 2021 se constató que el proyecto no se ejecutó, causando un perjuicio de 722 mil 083 lempiras con 55 centavos, al Estado, ya que se desconoce el destino de los materiales.
Tanto el exgerente como el director de FOSODE (2017) habrían incurrido en violación de los deberes de los funcionarios al omitir algunos lineamientos de verificación de proyectos y el entonces jefe de almacén en malversación de caudales públicos, al entregar más materiales de los solicitados, causando un perjuicio a la administración pública.
En ese sentido, los fiscales anticorrupción de Comayagua solicitan al juzgado del circuito anticorrupción de Tegucigalpa, que se programe audiencia de declaración de imputado en contra de los tres acusados y se declare “Con Lugar” el antejuicio a fin de seguir el proceso penal también en contra del regidor de Intibucá, Selvin Sadi Márquez Euceda.
También al exgerente de la ENEE se le acusa de la presunta negligencia en la cancelación de un contrato que generó pérdidas de 710 millones de lempiras al Estado de Honduras.
El Ministerio Público también informó que investiga a otras personas, pero sus identidades no fueron reveladas por las autoridades.
El ente de investigación informó que Mejía presuntamente suscribió un contrato de generación de energía térmica con la empresa Nacional de Ingenieros Electromecánicos (NIE) para realizar trabajos en La Ceiba entre 2016 y 2018, que ocasionó una millonaria indemnización por daños y perjuicios en contra de la ENEE en 2021.
A raíz de este contrato, la empresa NIE interpuso una demanda ante el Juzgado de Letras Civil en la que exigía el pago de daños y perjuicios ocasionados por la ENEE por un monto de 37,115,352.99 millones de dólares.
El pasado 15 de diciembre de 2021 el Tribunal emitió una sentencia en la que declaró con lugar la demanda, condenando a la ENEE a pagar la cantidad reclamada por la sociedad mercantil, a lo que los representantes de la empresa estatal interpusieron un recurso de apelación.
En un inicio, la demanda establecía un monto a pagar de 899,935,961.76 lempiras, sin embargo, ENEE y NIE llegaron a un convenio extrajudicial para acordar el pago de L 710 millones de lempiras.
“La investigación podría ir más allá de una presunta prevaricación administrativa y comprendería un posible fraude (con autores y cómplices necesarios) y violación de los deberes de los funcionarios o abuso de autoridad”, informó el Ministerio Público una vez se lleven a cabo las indagaciones.
No obstante, aclararon que para determinar responsabilidades penales contra los implicados, incluyendo al exgerente, se deben contar con todas las pruebas del caso.
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