tegucigalpa
Varias recomendaciones hizo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Congreso Nacional (CN) sobre el paquete de reformas a leyes y códigos en materia de seguridad propuestas desde el Poder Ejecutivo.
EL HERALDO tuvo acceso a la opinión del Poder Judicial respecto a la llamada Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad mediante la cual se pretende endurecer las acciones contra el crimen.
El Ejecutivo plantea al menos 15 reformas a múltiples normativas vigentes como el Código Penal, Ley del Instituto Nacional Penitenciario, el Código Procesal Penal, la Ley de Recompensas y la Ley Especial Sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas, entre otras.
Con las reformas se busca liberar de responsabilidad a los operadores de seguridad que en cumplimiento de su deber causen lesiones o muerte a una persona.
Además, endurecer de 15 a 20 años las penas por el delito de extorsión, así como las penas por terrorismo aumentarlas de 40 a 50 años, entre otras.
En su opinión, enviada al CN, la CSJ concluyó que “para realizar las diversas reformas que se plasman en la iniciativa de ley no se requiere llamarle Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, pues esta, como ley, solo tiene un artículo”.
Subraya que las motivaciones para reformar las ocho normativas vigentes no reflejan información estadística, así como criminológica, en cuanto a la necesidad de las enmiendas, considerando que “hubiese sido de suma utilidad”.
Cabe señalar que aunque el juicio de la CSJ no es vinculante, es un requisito al contemplar reformas tanto al Código Penal como Código Procesal Penal.
La CSJ establece que en la reforma al artículo 25 del Código Penal, mediante la cual se pretende liberar de responsabilidad a los operadores de seguridad que causen lesiones o muerte a una persona, se “haga acopio al principio de proporcionalidad”.
Señala además que la reforma planteada al artículo 335 “tiende a contrariar elementos violatorios a manifestaciones públicas, vulnerando este derecho fundamental”. En la reforma propuesta se pretende tipificar como delito de terrorismo “cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un ciudadano civil o cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado...”.
La comisión especial para dictaminar este proyecto sostuvo ayer una segunda reunión para finiquitar el documento, previo a ser presentado ante el pleno de diputados para su discusión. El contenido de la opinión solicitada a la Corte fue conocido hasta ayer por los siete parlamentarios que integran la comitiva, misma que fue solicitada por la Secretaría del Poder Legislativo desde la semana pasada.
Recomendaciones
Un total de 12 recomendaciones contiene el documento de 10 páginas al que tuvo acceso EL HERALDO, entre ellas dos sugerencias con propuestas de redacción a las reformas. En el caso de modificaciones y derogaciones a otras normativas, la CSJ no se pronunció al respecto por ser temas administrativos, que tratan aspectos orgánicos y de configuración legal. El Poder Judicial propone que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la normativa internacional en materia de derecho humanitario sean incluidas en los considerandos del decreto legislativo ante la reforma mediante la cual se pretende endurecer los castigos por el delito de extorsión.
“Tenemos en más de un 90% elaborado el dictamen y creo que será cuestión de afinar con los demás miembros de la comisión especial la terminación del dictamen y presentarlo en las próximas horas”, informó Tomás Zambrano, diputado del CN
