tegucigalpa
La entrada en vigencia del paquete de reformas penales obligará al Ministerio Público a presentar investigaciones contundentes sobre personas que son capturadas y acusadas por los delitos de extorsión y terrorismo.
En los últimos días, los jueces han puesto en libertad a personas por falta de pruebas presentadas por el ente acusador.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, instó a los fiscales a presentar pruebas contundentes para llegar a obtener sentencias condenatorias contra los criminales.
De acuerdo a Argueta, no solo es necesario contar con la regulación de delitos en los códigos que faciliten la aplicación de la ley para evitar dudas y ambigüedades para el juez.
Sin embargo, señaló que este elemento no es suficiente para combatir el mal llamado impuesto de guerra y el terrorismo.
“Necesitamos que la investigación criminal que le corresponde a la Agencia Técnica de Investigación Criminal y DPI, que la investigación sea más propositiva y más ingeniosa para poder desplegar aquellas técnicas que nos permita esclarecer los delitos y poder identificar a las personas que los cometan”, dijo Argueta al salir de la iglesia donde acudió ayer Miércoles de Ceniza.
“Podemos tener leyes muy buenas, muy sencillas, pero si en el marco del proceso penal judicial no se allegan los elementos de prueba por parte del ente acusador, difícilmente se van a obtener auto de formal procesamiento o sentencias condenatorias”, señaló.
De lo contrario, dijo, solamente se emitirían sobreseimientos en favor de los acusados.
“El artículo 336 del Código Procesal Penal dice que el juez del Tribunal de Sentencia solo resolverá exclusivamente con vista de las pruebas que lleguen al proceso”, subrayó.
Aseguró que la investigación ha mejorado sustancialmente en el país a partir de la puesta en funcionamiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.
Sin embargo, reconoció que a los operadores de justicia les falta camino por recorrer y llegar a un ideal en cuanto a la profesionalización de las entidades que investigan la parte criminal por concurrencia de delitos.
Indicó que la reducción de la tasa de homicidios es una tarea que hay que trabajarla eficientemente a efecto de que podamos reducirla.
Reacciones
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, consideró que las reformas penales que ya se encuentran vigentes serán un insumo adicional para la lucha contra la delincuencia organizada.
“Ya todo el mundo espera que con esto es un insumo más para luchar contra la delincuencia organizada, sobre todo con los grupos de extorsión, ya hay una mejor regulación, un respaldo para los que rigen el sistema penitenciario hondureño”, declaró en la sede del Congreso Nacional.
El alto funcionario aseguró que tiene la expectativa de que “la tramitología a través del Código Procesal Penal sea más expedita y pueda proteger tanto a los testigos como los operadores de justicia que ponen el pecho ante estas situaciones”.
Las reformas penales contemplan sanciones más fuertes para quienes cometan delitos de extorsión.
Es decir que los delincuentes que cobren el impuesto de guerra, y que este sea comprobado en juicio oral y público, serán sancionados con una pena de entre 15 y 20 años de reclusión.
También se amplió la figura del terrorismo. Es decir que serán castigados quienes cometan este tipo de delitos con entre 40 y 50 años de reclusión. Y solo por hacer apología de terrorismo el imputado será castigado con una pena de hasta ocho años de reclusión.
Se aprobó, además, una serie de reformas a la Ley del Instituto Nacional Penitenciario.
El lunes anterior, el paquete de reformas que contiene cambios en más de 50 artículos fue publicado en La Gaceta y de manera inmediata entró en vigencia
