El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, ha reconocido ayer que las medidas y leyes que se aprobaron contra la violencia y la inseguridad no han dado los resultados esperados.
Y es que, pese a las recomendaciones de diversos sectores, el Legislativo aprobó más leyes contra la inseguridad sin antes atacar de raíz el problema.
Para el caso, se aprobó una tasa de seguridad que deben pagar todos los hondureños, fondos que son destinados a una Policía no depurada.
Por este concepto se han recaudado alrededor de 1,000 millones de lempiras. Pese a ello, la tasa de homicidios de 85.5 muertes por 100,000 habitantes prácticamente se mantiene.
Además se aprobó el registro obligatorio de números celulares pero las extorsiones han continuado, incluso desde las mismas instalaciones penitenciarias.
Asimismo, se prohibió que dos hombres circularan en motocicleta, pero el sicariato no se ha detenido y la medida ni siquiera se cumple en el interior del país.
De igual forma se creó una Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), la cual hizo sendos informes que siguen engavetados y sin voluntad política para que sus recomendaciones sean aprobadas.
En el caso de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, enfrenta deficiencias en su accionar.
Para el caso, días atrás se reveló que el director de la Policía Nacional ha podido decidir quién se somete o no a las pruebas de confianza.
La cúpula policial actual ni siquiera se ha sometido a dichas pruebas.
Además, EL HERALDO reveló días atrás que apenas 12 policías han sido definitivamente separados de la institución durante todo el proceso de depuración.
Por la aplicación del Decreto Legislativo 89-2012, que contiene la Ley Especial de Depuración de la Policía Nacional, la DIECP emitió resoluciones que afectaban a 230 miembros de la Policía Nacional. Prácticamente todos siguen en la institución.
En el caso de la extradición, la figura se aprobó pero no puede ser aplicada.
La Corte Suprema de Justicia envió un proyecto para crear el reglamento, pero el mismo nunca fue discutido por el Congreso Nacional.
En su momento se alegó que dicho proyecto tenía trampas, pero no se explicó por qué los diputados no hicieron entonces los cambios pertinentes.
El resultado es que ni un solo hondureño involucrado en el crimen organizado internacional ha sido extraditado a Estados Unidos.
Ayer, el titular del Legislativo, Juan Orlando Hernández, dijo que solicitará al Ministerio Público, la Policía y la Corte Suprema de Justicia un informe de rendición de cuentas para determinar si las leyes aprobadas en los últimos años han traído resultados positivos.
Dentro de los operadores de justicia, el Ministerio Público tiene el menor porcentaje de presupuesto asignado y para terminar de agobiarlo en 2013 se le redujo en 100 millones de lempiras.
Las leyes
“Este Congreso Nacional ha aprobado la mayor cantidad de leyes relacionadas con el combate a la criminalidad y la corrupción en el sistema judicial en la historia, como por ejemplo la ampliación de las penas contra el impuesto de guerra, la extradición, la depuración de la Policía, las pruebas de confianza, la Ley de Judicatura para darle mayor independencia a los jueces, la prohibición de dos personas en motos, la tasa de seguridad y demás”, afirmó Hernández.
El titular del Legislativo dijo sentir que la población no estaba recibiendo en la práctica los beneficios que estas leyes pretendían, porque todas van dirigidas a traer paz y tranquilidad a las calles, a certificar la Policía, a dotar de más instrumentos a los jueces y fiscales para combatir los actos criminales, pero estos parecen no estar materializándose.
“En el Congreso ya creamos las bases legales, esas leyes deben aplicarse, y los encargados de hacerlo son los policías, la fiscalía y los jueces, vamos a llamarlos para que nos presenten, como representantes del pueblo, a todos los diputados, un informe de los avances en la aplicación de lo que nosotros ya creamos”, afirmó Hernández.
A su juicio, el pueblo hondureño y el Congreso “debemos saber si la depuración de la Policía va por buen camino, cuántos agentes se han depurado, y si estamos listos para comenzar a certificar a los buenos policías que han aprobado estos exámenes, y necesitamos ver cómo va la aplicación de la ley contra el ‘impuesto de guerra’ o si los policías están actuando contra la prohibición de dos hombres en moto”.
Agregó que “en Honduras se ha improvisado demasiado… se nota que cuando el Partido Nacional llega al poder recibe al país en crisis, lo arreglamos y lo recogemos a pedazos; ahora queremos programar a Honduras para los próximos 50 años, para eso es necesario empezar a planificar desde ahora”.
