TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marta Murillo, coordinadora del Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Francisco Morazán, conversó con EL HERALDO para conocer cuál es el proceso que siguen para enviar un privado de libertad a un centro psiquiátrico.
A continuación sus valoraciones.
¿Quién determina qué privados de libertad son enviados al Hospital Santa Rosita?
El que toma la decisión es el juez que conoce la causa específica, si el imputado muestra un comportamiento inadecuado, entonces deducimos que tiene un problema, entonces se solicita que esa persona sea remitida a un centro psiquiátrico.
¿Qué debe hacer el juez para tomar una decisión sobre el imputado?
El juez no puede mandar desde el juzgado a un centro psiquiátrico, no somos médicos, entonces ordenamos una evaluación inmediata al departamento de Psiquiatría de la Dirección de Medicina Forense, ya con ese dictamen previo el juez hace la nota de remisión y le adjunta copia al centro psiquiátrico para que lo reciban en internamiento.
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¿Quién se encarga de darle seguridad a los pacientes judiciales adentro de los centros hospitalarios?
El custodio no puede entrar hasta los pabellones, se queda en el área donde está el resto del personal.
¿Qué acciones se han hecho para controlar a los pacientes judiciales?
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (Rolando Argueta) nos nombró en 2018 para formar parte de un grupo que está integrado por el coordinador del Juzgado de Ejecución, y encontramos 46 expedientes y todos esos pacientes judiciales no son del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, sino que son del interior del país, donde no tienen la logística ni mucho menos un médico psiquiatra y al imputado que tiene este trastorno hay que darle una atención inmediata.
¿Qué se debe hacer para que los reos no sean un peligro para los pacientes?
Lo adecuado sería, y lo hemos dicho en varias reuniones, que se cree un hospital psiquiátrico específicamente para pacientes judiciales.
