La declaración de Devis Leonel Rivera (Cachiro) ante una corte de Nueva York anuncia que el destino de políticos, empresarios, militares, policías, exmagistrados y fiscales vinculados con el narcotráfico ahora pasa a manos de los extraditados.
Estos señalamientos que son los primeros que los hondureños conocen sobre las declaraciones de los extraditables no len ha caído en gracia a la clase política, que más espantada que envalentonada salió calificando las declaraciones como una “conspiración”, “un atentado contra el Estado” y “una venganza”.
Sin embargo, los agentes antinarcóticos tienen claro que tales aseveraciones en los tribunales norteamericanos no están alejadas de la realidad y que los próximos extraditables, como Víctor Manuel Villela, alias “El Rojo”, capturado en Guatemala, y Wilter Blanco, arrestado en Costa Rica, terminarán de hundir a muchos políticos, empresarios, militares, policías, exmagistrados y fiscales.
Los Cachiros
De acuerdo con la información en poder de las agencias contra las drogas, Los Cachiros surgieron a mediados de los 90 y a esta fecha trascendieron cinco gobiernos.
Entre 1998 y 2004 ellos se dedicaron al robo de ganado y al tráfico de madera de color, por lo que fueron investigados por las autoridades, pero sin mayores repercusiones.
A partir de 2005, Los Cachiros tomaron una enorme fuerza al aumentar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y para ello compraron una ruta.
Esto significó que cada carga que salía desde Colombia y Venezuela -con un código- debía llegar a Honduras y pasar hacia norteamérica sin ningún obstáculo.
Para ello necesitaban tener un control en primera línea de los militares -radares, lanchas y aviones- para que no miraran y que las descargas estuvieran protegidas; asimismo, debían contar con el control de los policías para que no decomisaran los envíos; luego buscaron la protección de la clase política, financiándoles las campañas, dándoles dádivas o “cariñitos”, como se conoce en ese mundo, para evitar ser molestados o extraditados.
También buscaron la seguridad con fiscales y jueces. Como ellos eran dueños de la ruta, otros narcos con quienes formaron sociedad les pedían permiso para traficar, y así Los Cachiros se volvieron “como una aduana”.
“Siendo muy conservador, puedo decirle que Los Cachiros llegaron a traficar unas 10 toneladas de droga mensualmente, mientras que sus socios pasaban hasta 25 toneladas”, dijo una fuente que conoce a detalle quiénes son los narcos en Honduras, así como sus vínculos con el poder.
Pero como no sabían dónde meter tanto dinero, también tuvieron que formar empresas, controlar a empresarios y penetrar el sistema financiero para lavar el dinero. Gracias a un control bien estructurado y manejado, por la ruta de Los Cachiros pasaba el 80 por ciento de la droga hacia Estados Unidos, explicó la fuente.
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Extradiciones
“Todos sabemos que la influencia del crimen organizado, su penetración en las estructuras de poder, ha sido más que evidente en Honduras”, sostuvo el abogado y analista Raúl Pineda Alvarado.
Las declaraciones de Rivera en una Corte de Estados Estados, donde aparte de involucrar a dos dignatarios importantes habla de la presencia de oficiales de policía y militares y de un diputado en la planificación de ciertos actos criminales, van a generar una reacción en cadena.
Otros detenidos en Estados Unidos y los nuevos que vayan llegando van a empezar a involucrar a personajes de la política y del mundo financiero con quienes han tenido relaciones.
Políticamente esto va a traer una incidencia fuerte en cuanto a la imagen de los partidos y va a generar consecuencias en el cortísimo plazo en referencia a los resultados electorales que pudieran pronosticarse en este instante. “Lo que estamos viendo en este momento es una fotografía que puede ser cambiada en los próximos días”, dijo Alvarado.
Este jurista calificó de ingenuidad decir que las declaraciones de Rivera son una conspiración contra los que han luchado contra el narcotráfico en este país. Qué ganarían con hacer una declaración donde también asumen la responsabilidad en más de 70 homicidios consumados en Honduras, se preguntó.
“Que hay una contaminación en las altas esferas de poder, antes y ahora, es un hecho notorio que todo mundo comenta y que todo mundo conoce”. ¿Hasta dónde ha llegado esa penetración? Eso es lo que debe determinarse con una investigación seria. “Pero pensar que es un acto de venganza de los involucrados en estos hechos, de estar comprometiendo a estas personas y otras en el futuro, es ser un poco ingenuo”.
El caso de Los Cachiros era conocido desde el 2005 y no se hizo mayor cosa, ahora terminó en un caso de alto impacto. Es que “el sistema hondureño es una democracia, una semidemocracia donde el crimen organizado es un poder paralelo al del Estados.
Muchas veces no permite a los operadores de justicia actuar con la determinación que se requiere en estos casos, unas veces por la misma actitud de la sociedad que no respalda a los funcionarios y otros francamente por temor a caer en desgracia con los políticos que los han puesto en los cargos”.
El que se inicien en el país investigaciones o se presenten requerimientos contra los mencionados no va a detener una extradicción. Está claro que si los norteamericanos se quieren llevar a una persona lo van hacer por la vía legal o por otros procedimientos para someterla a su justicia.
“Tenga usted la seguridad de que si Estados Unidos decide a dar una buena barrida y una buena trapeada en la política hondureña, esas cosas se van a dar y si consideran no hacerlo las cosas van a continuar como hasta ahora, con un gobierno que tiene otro gobierno paralelo que ejerce casi el mismo poder del gobierno legítimo y que está encarnado por el crimen organizado”, analizó.
Pineda presagió un recrudecimiento en las solicitudes de extradición derivadas de las declaraciones de policías y narcotraficantes que están acogiéndose al régimen de colaboradores
