TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la presentación de informe de los primeros 100 días de gestión del nuevo Congreso Nacional, su titular, Luis Redondo, denunció al menos dos mil millones de lempiras en daño patrimonial por la administración pasada.
El parlamentario arguyó que la gestión del nacionalista Mauricio Oliva estuvo llena de despilfarros, robos y contrataciones irregulares, además de pormenorizar todos los hallazgos por su gestión.
Entre las principales supuestas irregularidades denunciadas está la identificación de millonarias contrataciones de personal no necesario para el funcionamiento del órgano unicameral, además de contratación de empleados VIP.
Así como contratos fraudulentos con empresas que prestaban servicios de alimentación, poniendo como ejemplo la compra de platos de comida a 1,400 lempiras cada una, por lo que se gastó alrededor de 7.3 millones en el 2021. Redondo denunció además que otro de los hallazgos fue que la administración anterior rentaba al menos 70 vehículos para la seguridad especial del expresidente Oliva.
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En el informe se presentaron varios contratos de mantenimiento de tecnología sobrevalorados de renovación de licencias de equipos obsoletos por un monto de 697, 820.00 lempiras anuales, lo que se calificó como un contratos innecesarios y exagerados de servicio de soporte técnico que nunca se brindó.
Asimismo, fue denunciado el robo y vaciado de equipo de cómputo, sustracción de archivos determinantes en el manejo de los fondos y base de datos financieros, con la intensión de borrar los registros.
En el documento también se resaltó la ausencia de algunos empleados que eran pagados por el Congreso Nacional y nunca se presentaron a sus labores, al igual que pagos de hasta 28 salarios al año a los diputados.
En cuanto al tema el titular de este Poder del Estado, declaró que “hicimos un llamado a todos los empleados y así fue que nos dimos cuenta que muchos de ellos tenían meses de no presentarse a sus labores”.
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Redondo informó que han presentado la formal denuncia ante el Ministerio Público a fin de que se investigue cada acto de corrupción detallado en el informe de los 100 días de su gestión.
A criterio del exjefe de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, el Ministerio Público deberá presentar requerimiento fiscal en delitos detallados en informe de los primeros cuatro meses de gestión del Congreso Nacional.
“Esto no se trata de persecución política, sino de la comisión de hechos delictivos que deben de pagar los responsables (...) el Ministerio Público debería ejercer la acción penal pública tal y como lo establece el Código Procesal Penal”, acotó Fernández.
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