El caso fue presentado este lunes por los fiscales de Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (Ufecic) en los Juzgados en Materia de Corrupción.
Se presentó un requerimiento fiscal por el delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, detalló Ana María Calderón, coordinadora de prevención de la corrupción y delegada de la Maccih.
La investigación tiene evidencia de que los 16 acusados habrían cometido estos delitos para que la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) fuera beneficiada con contratos. A la compañía se le extendió la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico 'Agua Zarca' de manera irregular.
El caso es conocido además como 'fraude de El Gualcarque' y en el están señalados varios exfuncionarios de la extinta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la empresa DESA.
Partiendo de denuncias presentadas en la extinta ambientalista Bertha Cáceres, quien fue asesinada hace tres años, se recabó evidencia probatoria que los acusados habrían cometido diversos delitos para lograr que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fuese beneficiada con el contrato de operación y de aguas sobre el río Gualcarque, con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), un contrato de suministro de potencia y energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como con el contrato de operación para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica entre la SERNA y DESA.
Los imputados son:
1. Roberto David Castillo Mejía
2. Carolina Lizeth Castillo Argueta, expresidenta del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
3. Roberto Aníbal Martínez Lozano, exgerente de la ENEE
4. Raúl Pineda Pineda
5. Julio Rivas Bonilla
6. Julio Alberto Perdomo Rivera
7. Catarino Alberto López
8. Luis Eduardo Espinosa Mejía
9. Ana Lourdes Martínez Cruz
10. Aixa Gabriela Zelaya Gómez
11. Darío Roberto Cardona Valle
12. Mauricio Fermín Reconco Flores
13. José Mario Carbajal Flores
14. Óscar Javier Velázquez Rivera
15. Julio Ernesto Eguigure Aguilar
16. Isaida Odilia Pinel
Aquí el comunicado de la MACCIH íntegro:
MACCIH-OEA y UFECIC-MP presentan noveno caso de investigación penal integrada: 'Fraude sobre el Gualcarque'
La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) presentó hoy ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 16 personas por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, en el denominado caso 'Fraude sobre el Gualcarque.
Partiendo de denuncias presentadas en su dia por la lideresa indígena lenca y ambientalista Bertha Cáceres -asesinada hace 3 años- la UFECIC-MP presentó evidencia probatoria que los acusados habrían cometido diversos delitos contra la administración pública, para lograr que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA], fuese beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el río Gualcarque, con la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la SERNA y DESA 5. A. ICentral Hidroeléctrica Agua Zarca) y el Contrato No. 043-2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica firmado el 3 de junio de 2010 entre la ENEE y DESA.
El requerimiento Fiscal se formuló contra:
1) Francisco Rafael Rivas Bonilla
2) Julio Alberto Perdomo Rivera
3) Catarino Alberto Cantor López
4) Luis Eduardo Espinoza Mejia
5) Ana Lourdes Martínez Cruz
6) Aixa Gabriela Zelaya Gómez
7) Daria Roberto Cardona Valle
8) Mauricio Fermin Reconco Flores
9) José Mario Carbajal Flores
10) Oscar Javier Velásquez Rivera
11) Roberto Aníbal Martínez Lozano
12) Roberto David Castillo Mejía
13) Julio Ernesto Eguigure Aguilar
14) Raúl Pineda Pineda
15) Carolina Lizeth Castillo Argueta
y 16) Saida Odilia Pinel
Están acusados de los presuntos delitos de:
Abuso de autoridad, Violación a los deberes de los funcionarias públicos, Falsificación de documentos, Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y Fraude.
La investigación que concluyó con el requerimiento de hoy fue conducida por el Equipo integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) con la colaboración activa de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA). Además, se tuvo el apoyo de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural y de la Fiscalía Especial de Protección del Medio Ambiente.
Para este caso, la UFECIC/MACCIH partió de las más de 40 denuncias que Bertha Cáceres presentó ante el Ministerio Publico sobre presuntas irregularidades que se habrían cometido en diferentes concesiones de recursos hídricos, que afectarían a la comunidad lenca. En particular UFECIC/MACCIH seleccionó aquellas denuncias relacionadas al Proyecto Agua Zarca camo un caso de investigación penal integrada.
La Coordinadora de la División de Prevención y Combate a la Corrupción de MACCIH, Ana Maria Calderón, aseguró que 'esta acción conjunta demuestra una vez mas, ef compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando lo lucho anticorrupción a través de instituciones del Estado.
Ante las halazgos presentados hoy, la Misión sugiere que se revisen los contratas que aún estén vigentes y la normativa que los regulo, pues de seguir con esta política energética podría producirse un desbalance del mercado que podría llevar a la quiebra o lo ENEE, yo que es posible que todos los contratos atados a fuentes renovables se encuentren bajo la misma modalidad'.
El caso 'Fraude sobre el Gualcarque' es el noveno caso de investigación penal integrada que
presenta el equipo formado por UFECIC-MP y MACCIH-OEA. Los anteriores fueron Red de
Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Aseguramiento de Bienes, Caja chica del Hermano, Licitación Fraudulenta del Seguro Social y Arca Abierta.
El Caso
La investigación reveló los siguientes hallazgas. 1) La Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue creada el 20 de mayo de 2009 por Roberto Antonio Abate Ponce y Geovanny Isidro Abate Ponce con un capital de L 25,000.00. Se ha encontrado evidencia que Roberto Castillo desde esa época ya era representante de facto de DESA.
2) Roberto David Castillo Mejía, se desempeñaba como Asistente Técnico de Gerencia en la
ENEE, al mismo tiempo que ejercía el dominio funcional de la empresa DESA. Este
nombramiento le permitió acudir a las sesiones de Junta Directiva en calidad de invitado donde se trataba la autorización y aprobación de contratos amparados en el decreto 70- 2007, específicamente el contrato con la empresa DESA, evidenciándose un conflicto de
intereses.
3) Como consecuencia de dichas sesiones, se emitió la RESOLUCIÓN No. 01-JD-1078-2010
de la Junta Directiva de la ENEE que resolvió: autorizar a la administración para iniciar el
proceso de aprobación de los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica entre lo ENEE las empresas que incluye ơ Desarrollos Energéticos SA de CV, (DESA).
4) Luego de obtenido el contrato de suministro de energía eléctrica con la ENEE, Roberto David Castillo Mejia, formaliza su vinculación con DESA, ya que se convierte en Presidente
del Consejo de Administración y se le otorgan parte de las acciones de DESA, a través de
una entidad asentada en Panamá de nombre Potencia de Energía de Mesoamérica, 5A.(PEMSAI, cuyos socios y directivos resultan ser Roberto David Castillo y Carolina Lizeth
Castillo Argueta (quien es la persona que firmo l contrato con la ENEE en nombre de
DESA). Con lo anterior se demuestra, que Castillo Mejía durante el tiempo que estuvo en
calidad de funcionario de la ENEE, ocultó la vinculación que tenia con la empresa DESA
en la cual tenia una participación directa, primero ocultando las acciones a través de una
sociedad anónima de la cual era socio y directivo y luego haciendo firmar el contrato a
que era su socia en dicha sociedad panameña.
5) La colusión de Roberto David Castillo Mejía can funcionarios de la ENEE para favorecer a
DESA, se evidencia con las anomalías administrativas que se dieron en la aprobación y
asignación del contrato de suministro de energía eléctrica a DESA:
a) David Castillo Mejía, Sub Teniente de Inteligencia se encontraba laborando en la
Dirección de Inteligencia de la Secretaria de Defensa, cuando ingresó a la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica en junio del 2007, como parte de la junta interventora
de la ENEE. Desde su ingreso laboró con Carolina Lizeth Castillo Argueta
b)Carolina Castillo Argueta fue presidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE que
le permitió tener conocimiento del Estudio de factibilidad para el Proyecto
Hidroeléctrico Gualcarque, expediente 28-E-2003, correspondiente a una capacidad
generadora de 6 MW en la ubicación clasificada con el número 460. Este proyecto fue
declarado improcedente por el entonces Secretario General de SERNA por no cumplir
con los requisitos legales requeridos.
c) Al momento de la aprobación y firma del contrato, Roberto David Castillo Mejia, se
desempeñaba en la ENEE, coma Asistente Técnico de Roberto Aníbal Martínez Lozano,
quien firma el contrato con DESA, en su calidad de Gerente de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE.d) El contrato fue firmado sin que se verificase que DESA no estaba inscrita en el registro
de proveedores y contratistas del Estado, violentando así lo establecido en el articulo
34 e) Se le asignó dicho contrato a una empresa de reciente creación, que no tenia las
capacidades, la experiencia y el capital para desarrollar un proyecto de tal
envergadura.
6) El Fraude se evidencia con una serie de trámites administrativos irregulares para fa
el proyecto que desarrollaría la empresa DESA, con la participación de varios funcionarios
de diferentes instituciones públicas (SERNA, ENEE, INA, ICF v la Municipalidad de San
Francisco de Ojuera), quienes agilizaron el trámite del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca
de manera irregular, con evidente concertación entre las ahora imputados
a) El Estudio de Factibilidad del Proyecto que fue requerido a la SERNA el 5 de octubre
de 2009 y concedido el 16 de diciembre de ese mismo año, transitó por 4 Direcciones
especializadas dentro de la institución V fue autorizada sin ubicar de forma fehaciente
los terrenos objeto de la concesión, ni comprobar a quien pertenecían; sin que los términos de referencia se adecuaran a la normativa y sin que se presentase constancia municipal de anuencia de la comunidad. Las irregularidades fueron advertidas por la Dirección Legal de la SERNA, pero brindaron opinión favorable al proyecto sin espera la subsanación de los requisitos que ellos mismos observaron.
Además, la realización del Estudio de Factibilidad es un proceso detallado que toma meses de mediciones y análisis, pero la representante legal de DESA presentó el Estudio finalizado 24 horas y 5 minutos después de su autorización establecido durante la investigación que el Estudia contenía datos del Estudio de Factibilidad hecho en el 2003 para un proyecto similar que iba a ENEE y por su Sindicato de trabajadores (cuya presidenta fue Carolina Lizeth Castillo Argueta) y que fue desechado La contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales del proyecto fue suscrita el 22 de enero de 2010, entre el Subsecretario de Recursos Naturales y Carolina Lizeth Castillo Argueta, Representante Legal de DESA, pese a que la Comisión Nacional de Energía recomendó la no suscripción de contratos con desarrolladores que no cumplieran los requisitos legales, en este caso en particular el documento ambiental
y el documento de titularidad de tierras. Esta situación se repite en la emisión del Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica.
b) Se ha ser
c)
d) El 24 de marzo de 2011. SERNA emitió la Licencia Ambiental categoría 2 para el
Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, valiéndose en una serie de situaciones contrarias
a la legislación, entre las que destaca la incorrecta clasificación del proyecto.
Categorizar el proyecto en un nivel inferior al que correspondía por ley incrementa las
beneficios que DESA percibiría por su inversión en dos sentidos: abaratando los costas
de licenciamiento, al disminuir los pagos al Estado en concepto de concesión v aminorando los costos de oportunidad, al obviarse la exigencia de presentación de un Estudio Ambiental completo que requeriría mediciones de caudal por los dos años posteriores a la autorización del mismo. La emisión de las licencias es posterior a las contratas, en contravención a la normativa de la materia.En el año 2011, la Empresa DESA solicitó la ampliación de las Contratas v la Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, pidiendo la aprobación de una capacidad generadora de 21 MW. Estos incrementos se justificaban en un proceso de optimización que incluía la adición de una tercera turbina; sin embargo, las
investigaciones han determinado que el caudal del rio Gualcarque no es suficiente para activar una tercera turbina, ni siquiera la segunda turbina podría producir esa capacidad en los momentos de más altos niveles de precipitación. Además, el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca no se encontraba en operación, por lo que no e) día medirse la viabilidad de la ampliación que se solicitaba Este punto es de gran importancia pues cada turbina incrementa el costo de la inversión de DESA, asignando varios millones de dólares que nunca serian capaces de producir. Esta inversión más allá del punto de eficiencia solo puede justificarse con el directamente reflejado en el precio al hecho que este alto nivel de inversión se vería
que podrían vender la energía a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Toda la investigación evidencia la actuación irresponsable de la administración pública, que para favorecer a la empresa DESA realizó trámites ilegales y omisión de informes para la concesión de
recursos hídricos, afectándose a especies en peligro de extinción, flora, fauna y consumo humano.
