Tegucigalpa, Honduras.- Una condena de cinco años fue la decisión tomada por el juez de la Sala V del Tribunal de Sentencia contra Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), quien fue hallado culpable del delito de malversación de fondos en el caso denominado “Hospedaje VIP” durante la pandemia de covid-19.

La defensa de Bográn, representada por su apoderada legal, Nilia Ramos, manifestó que nunca esperaron una condena, ya que el Decreto 33-2020 autorizaba las compras directas. Sin embargo, el juez determinó que debía ser condenado por malversación.

Según Ramos, esta pena incluye “una inhabilitación absoluta por el tiempo de condena, es decir, cinco años, además de una multa equivalente al 50% del monto pagado por Invest-H para alojar a las cinco personas en el hotel durante los 15 días en los que estuvieron allí”.

La abogada cuestionó la decisión judicial, destacando que la condena se basó en “conciencia social”, un concepto que, según ella, no está establecido en ninguna ley ni Código Penal.

El caso por el cual fue juzgado Bográn se remonta a marzo de 2021, cuando él y Alex Moraes, exadministrador de Invest-H, realizaron una gira de trabajo por diversas ciudades del país, supervisando los hospitales móviles adquiridos en Turquía.

Al concluir sus labores, y como parte de los protocolos de bioseguridad, ambos funcionarios fueron alojados durante 15 días en un hotel de lujo en la capital, con todos los gastos cubiertos, pese a que nunca estuvieron en contacto directo con pacientes de covid-19, ya que su trabajo no implicaba la atención de personas contagiadas.

El gasto, que ascendió a 101,199.40 lempiras, fue uno de los principales elementos en el caso de malversación, hecho que EL HERALDO sacó a la luz pública.

Cabe recordar que en enero de 2023, tanto Bográn como Moraes fueron condenados por fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En el caso de Bográn, el exdirector de Invest-H fue condenado a seis años de prisión, además de una multa de 39 millones de lempiras, correspondiente al monto defraudado.

Además, se le impuso una inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión.

Por su parte, Moraes recibió una condena de cuatro años y seis meses de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos, debido a la violación de sus deberes como funcionario.

Las investigaciones revelaron que tanto Bográn como Moraes actuaron con pleno conocimiento y voluntad en el mal manejo de los fondos públicos, desviándolos de su propósito original.

En lugar de ser utilizados para mitigar los efectos de la pandemia, los recursos fueron destinados a alojar y alimentar a funcionarios de Invest-H en un hotel de lujo, a pesar de que ya existía un centro de aislamiento en la Villa Olímpica de la capital de Honduras.

Bográn fue arrestado en 2020 por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y EL HERALDO denunció en su momento la denominada “cuarentena VIP” de Invest-H, así como la compra de los siete hospitales móviles a una empresa de dudosa reputación en Estados Unidos, utilizando dinero destinado para la construcción y mantenimiento de la red vial del país, antes incluso de que se publicara el decreto de asignación de recursos.

En cuanto a la compra de los hospitales móviles, tanto Bográn como Moraes fueron investigados por su implicación en la millonaria adquisición de los equipos.

Bográn renunció a su cargo el 27 de junio de 2020, en medio de las denuncias sobre su gestión durante la pandemia. En ese mismo año, EL HERALDO también destapó que los hospitales fueron pagados con recursos destinados a la Infraestructura Vial del país.

Por otro lado, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción ya había condenado previamente a Bográn por fraude agravado, imponiéndole una pena de diez años, once meses y siete días de prisión, además de una multa millonaria de 1,475,921,298.82 lempiras, y una inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por el doble del tiempo de la pena de prisión.

En el mismo fallo, se condenó a Moraes por violación de los deberes de los funcionarios, con una pena de nueve años, cuatro meses y quince días de inhabilitación especial para ejercer funciones públicas en instituciones del Estado, particularmente en cargos de dirección o administración.