TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, presentó este jueves 13 de junio en el Ministerio Público las pruebas del desvío de más 95 mil millones de lempiras de cuatro fideicomisos.
El funcionario público detalló que los cuatro fideicomisos que administraron fondos de forma ir regularon son el de la Tasa de Seguridad, Instituto de la Propiedad, Vida Mejor e Invest-H.
Ochoa informó que los cuatro casos presentados ante el fiscal general, Johel Zelaya, ocurrió entre 2012 y 2023.
Explicó que los fideicomisos se manejaron “fuera de las normas de contratación del estado, violando el principio constitucional de caja única del tesoro y de destino único de los ingresos. Violentando año con año la ley del presupuesto general de ingresos y egresos de la República”.
El funcionario detalló que de los 82 fideicomisos, los cuatro descritos manejaron de forma directa y sin intervención de los órganos contralores del Estado que el Ministerio Público debe investigar para proceder contra las redes de corrupción público-privada de alto impacto que operaron impunemente.
Asimismo, aseguró que adjudicó junto a su denuncia “toda la documentación pública, consistente en oficios, resoluciones, actas de comités técnicos, informes de liquidación, transferencias, listados de empresas y ONG contratadas por los fideicomisos como evidencias incontrovertibles que demuestran los hechos”, afirmó Ochoa..
Fideicomisos
Según lo que detalló Ochoa, en el fideicomiso de la Tasa de Seguridad se ejecutó cerca de 30 mil millones de lempiras entre 2012 y 2022 de “forma secreta, sin ningún control institucional y al margen de la ley de contratación del estado”.
Asimismo, mencionó que se encontraron 130 contratos sobrevalorados en los que se incluye la compra del avión presidencial, alquileres de helicópteros, compra de 4 mil patrullas, cámaras de seguridad, boletos de conciertos, bebidas alcohólicas y viajes de turismo.
En el caso de Sitec del Instituto de la Propiedad (IP) lo calificó como “el principal símbolo de corrupción público-privada creada por el régimen” y es que denunció que los fondos fueron utilizados como una hacienda particular, violando la Constitución, ley orgánica del presupuesto y ley de contratación del Estado.
Asimismo, indicó que se dilapidaron, entre 2015 y 2022, al rededor de 19 mil millones de lempiras. “En este fideicomiso, entre otros proyectos, se creó la unidad especializada ejecutará de proyectos del IP que promovió la construcción de casas chatarras en el ya conocido corrupto proyecto Morazán, como las casa contenedores en Lomas del Diamante en un terreno en disputa”.
Añadió: “Fue creado con la finalidad de la transformación digital Instituto de la Propiedad, mantenimiento al sistema nacional de administración de la propiedad, suministro de placas vehiculares y la digitalización del registro de la propiedad vehicular, contario a su finalidad fue desviado a través de ONG y empresas constructoras para financiar subrepticiamente obras sociales, compras de estufas, insumos para salones de belleza, freidores, máquinas para asar pollos, pavimentación de calles, canchas deportivas y viviendas sin ningún procedimiento de transparencias”.
Mencionó que en marzo y julio de 2022 la unidad coordinadora de proyectos contrató dos ONG por un monto de más de 150 millones de lempiras sin que se hayan entregado a la Sefin un informe de liquidación de dichos fondos.
Sobre el fideicomiso de Vida Mejor, constituido en una cuenta especial del Banco Central de Honduras (BCH), ejecutó entre 2014 y 2022 más de 38 mil 500 millones de lempiras.
Ochoa mencionó que la mayoría de estos fondos fueron transferidos a más de 500 ONG, la mayoría de sospechoso origen y manejo. Señaló que la mayoría están vinculadas a directivos y funcionarios del régimen post golpe de Estado.
Finalmente, detalló que el fideicomiso de Invest-H ejecutó entre 2018 y 2022 más de 8 mil 500 millones de lempiras provenientes de los impuestos a los combustibles.
“Utilizando la figura del fideicomiso se cometió el fraude de la compra de los hospitales móviles chatarra por más de mil 100 millones de lempiras sin estar legítimamente autorizados por la Constitución y la ley orgánica del presupuesto para endeudarse en nombre del Estado de Honduras el fideicomiso contrajo deuda por más de 3 mil millones de lempiras”, afirmó.
