“El problema es que estuvimos bajo ataque desde el 2017 y básicamente no tuvimos la capacidad técnica para concluir el proceso y aparte que no teníamos el impulso político”, justificó.
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Se iniciaron varios procesos y la Secretaría de Finanzas (Sefin) se oponía, mientras que la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) también retrasó el proceso de reversión de los bienes de los aeropuertos, ya que era un paso legal para iniciar la licitación.
Tampoco había un estudio de tráfico para pagarle a la empresa y lo raro es que después contrataron a la empresa que hizo mal los estudios de tráfico de Palmerola, situación que ha generado problemas y cambios en el contrato.
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