La Fiscalía para la Trasparencia y Combate a la Corrupción Pública presentó un requerimiento en el que acusó a 17 personas ligadas a la corrupción en el Instituto de la Propiedad (IP).
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, informó que la acción penal se presentó ante los juzgados de jurisdicción nacional asignados a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
Detalló que las personas fueron acusadas por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y encubrimiento.
Explicó que en este caso se iniciaron investigaciones por una denuncia que presentaron las autoridades de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Sin embargo, en entrevista con HRN, Ebal Díaz, presidente del consejo directivo del IP, dijo que las acusaciones se habían emitido por un caso de corrupción que refiere a la existencia de una doble planilla.
“Estas personas están implicadas en un caso de doble planillas, es decir llevaban una ‘planilla fantasma’ por donde drenaban millonarios recursos del Instituto de la Propiedad”, dijo el funcionario.
Capturas
Pasadas las 3:00 de la tarde, el juez que conoció la causa libró orden de captura contra todos los acusados por el Ministerio Público.
En base a esta ordenanza, elementos de la Policía Militar intervinieron las oficinas del IP.
De inicio dieron detención a tres personas, dos de ellas mujeres.
Estas tres personas fueron trasladadas, pasadas las 5:30 de la tarde, al Fuerte General Cabañas para el desarrollo de la audiencia de declaración de imputado en donde presuntamente se les dictaría detención judicial.
Otras dos personas, también con orden de captura, pretendían evadir su detención al encerrarse en una de las oficinas del IP, pero al término del día la captura fue ejecutada.
Al caer la noche el portavoz de Fusina, Santos Nolasco, informó que se ejecutaron las órdenes de captura para los empleados del IP: José Armando Cárcamo, Walter Jhonathan Morel, José Bernardo Godoy, Ana Cristina Cárcamo Zelaya, Kevin Josué Fonseca Osorio, Marlon Rafael Borjas Rivas, Liz Daniela Reyes Velásquez y Jonhy Fernando Carías Montoya. Ayer se conoció que 14 de los acusados son actuales empleados y tres son exfuncionarios del instituto.
Lo denunciado
Según el coordinador de ASJ y representante de Trasparencia Internacional, Carlos Hernández, la organización presentó ante el Ministerio Público más de 100 denuncias por actos de corrupción cometidos al interior del IP.
Entre ellas detalló que se detectó la venta ilegal de terrenos a la orilla de la playa en varias municipalidades de la costa y la venta de un cayo en Islas de la Bahía.
Además dijo que se identificó en La Ceiba el caso de un señor a quien se le despojó de 40 manzanas de tierra. En este caso “está involucrado un político connotado”, denunció Hernández.
Señaló que entre otras irregularidades detectaron folios que fueron sacados para escriturar hasta tres veces para que la gente accediera a préstamos bancarios utilizando la misma escritura.
Investigación
En mayo de 2014, EL HERALDO reveló en exclusiva los espantosos niveles de corrupción en el que se encontraba sumido el IP.
En la indagación se puso al descubierto la corrupción tanto en las direcciones de Catastro, de Registro y de Regularización Predial.
Para ese momento se denunció que uno de los casos era la inscripción en Roatán, Islas de la Bahía, de cinco títulos de propiedad en dominio pleno otorgados irregularmente en las oficinas del IP en esta capital.
Se denunció otra situación en La Ceiba, donde se titularon 105 lotes en un terreno de naturaleza privada-urbana.
De igual forma, en los documentos de Inspectoría General se registra la denuncia número 029-2013 donde se señala a tres empleados de este instituto de asociarse con otras personas para registrar fraudulentamente la matrícula con el número 370633, apropiándose de esta manera de 250 manzanas ubicadas en el Villa la Concepción, Comayagüela.
Entre los casos que el Heraldo tuvo conocimiento también está la inscripción de un lote de 4,000 metros cuadrados en Roatán realizado el 27 de febrero del 2012; luego la persona que hizo la inscripción, el 6 de diciembre del mismo año, aparece desmembrando el predio y donándole 367.66 metros cuadrados a un miembro del Consejo Directivo del IP y 698.98 metros cuadrados a un expresidente del Colegio de Abogados.
También existe una denuncia anónima de que el IP otorgó títulos a las personas que viven en los asentamientos humanos ubicados en los alrededores de la pista del aeropuerto Villeda Morales, en La Lima, aumentando el peligro tanto en la operatividad del aeropuerto como para la seguridad de las personas.
Otra denuncia también señala los negocios entre bufetes privados y cierto personal del IP en San Pedro Sula, que dejó como consecuencia la adulteración de los recibos de pagos de impuestos y las tasas registrales afectando de esta forma las recaudaciones del Instituto de la Propiedad.
