TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque no contiene elementos de prueba contundentes -a criterio de varios profesionales del derecho- el informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que detectó indicios de responsabilidad penal en las millonarias compras ejecutadas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) durante la pandemia del covid-19, permite al Ministerio Público (MP) actuar de oficio contra quienes han malversado los fondos del Estado.
Varios sectores consideraron que el documento del TSC no contiene suficientes elementos que puedan ser utilizados por los fiscales del Ministerio Público en un inminente proceso judicial incoado contra el exdirector de Invest-H, Marco Bográn, sin embargo, respalda el trabajo que vienen realizando los fiscales alrededor de la oscura compra de siete hospitales móviles.
El informe no detalla si existe o no el contratos de adquisición de los hospitales móviles e insumos de bioseguridad que fueron comprados por Bográn, a espaldas del Consejo Directivo de Invest-H.
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Tampoco revela qué ha sucedido con los otros cinco hospitales que todavía no han llegado al país, pero que ya fueron pagados por el Estado.
Mucho menos contiene cada una de las facturas de las compras por más de 1,700 millones de lempiras, que es el valor global de la auditoría.
“No hay hallazgos importantes que sean relacionados con responsabilidad hacia al señor Bográn”, cuestionó el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana.
Desde el Tribunal Superior de Cuentas aseguran que “el informe penal sí cuenta con el soporte documental. El informe remitido al Ministerio Público consta de 66 folios, lo que incluye pruebas documentales que, por razones legales, no se publican, pero sí son del conocimiento de los fiscales”, aseveró una fuente del ente contralor.
Este informe no le va abonar absolutamente nada a lo que ya tiene el MP, porque lo que dice el informe ya lo tenía, declaraciones de los testigos, inspecciones y otras diligencias, afirmó Orellana.
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En esa misma línea, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió un comunicado en el que aseveró que el informe del TSC “no constituye un verdadero documento que contenga un soporte técnico de auditoría, determinando responsabilidad penal en contra de Invest-H en la compra de los triajes móviles”.
El informe fue enviado el pasado martes y su principal y única conclusión establece que la dirección de Invest-H no se sujetó al estamento legal que rige el accionar de esa institución en la compra de siete hospitales móviles, cinco plantas de tratamiento, equipo de bioseguridad y la contratación de especialistas y transporte.
Otras inconsistencias
El informe del TSC pierde credibilidad porque no fue conocido y aprobado por el pleno de los magistrados del TSC y solamente su presidente, José Juan Pineda, dio el visto bueno a la Secretaría General para que lo remitiera al Ministerio Público, cuestionó la abogada Selma Estrada. “El Tribunal Superior de Cuentas es un ente colegiado y por lo tanto debían conocer el informe los otros dos magistrados para que luego a través de una discusión si estaban de acuerdo, poner los tres sus firmas y si no lo estaban, dar su posición del por qué no estaban de acuerdo”, aseveró Estrada.
A eso se suma una serie de recusaciones interpuestas contra el magistrado presidente Pineda Varela, por parte de organizaciones de la sociedad civil.
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“Previo a haber mandado el informe al MP, había dos escritos del CNA y de ASJ, donde habían pedido que se excluyera el presidente del Tribunal de Cuentas antes de haberse ordenado las investigaciones”, afirmó la profesional del derecho.
Investigaciones
El Ministerio Público ya tiene en su poder el informe del TSC y no se descarta que en los próximos días se emitan los primeros requerimientos fiscales.
“Con todo el trabajo que se ha venido haciendo durante esta semana, lo que se está construyendo es una carga probatoria y segura a la de acusar con un requerimiento fiscal a las personas que de acuerdo con las investigaciones el MP considere que ha incurrido en un tipo de delito”, declaró Yuri Mora, vocero del MP.
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Estableció que por eso se han secuestrado documentos, se han citado a personas investigadas y testigos, se ha solicitado información, se inspeccionaron los contenedores y se está iniciando con una asistencia jurídica internacional, porque el requerimiento se va a presentar el requerimiento hasta que se garantice la culpabilidad ante un juez competente de las personas que serán acusadas.
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