TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, sostuvo este miércoles una reunión con el grupo de expertos de la Organizaciones de Naciones Unidad (ONU), que se encuentran analizando las condiciones para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
De acuerdo a lo informado por Roque, el encuentro tuvo como objetivo abordar temas vinculados a los derechos humanos y abordar de una manera amplia cómo las redes de corrupción público-privadas afectan las condiciones dignas de la población.
Además, la titular de Derechos Humanos analizó junto al grupo de expertos casos emblemáticos, como ser el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, la invasión en territorios garífunas y el Bajo Aguán en Colón.
“Hemos tratado de dar un panorama de la perspectiva de los derechos humanos de cómo esas redes de corrupción trasnacionales público-privado afectan la consecución de derechos humanos con casos particulares y visiones globales”, declaró la funcionaria al salir de dicha reunión.
En ese sentido, aseguró que el gobierno se encuentra realizando “todas las acciones para garantizar que la CICIH venga, es difícil admitir la situación en un estado fallido entregado a grupos criminales, pero la presidenta por su mandato asume la responsabilidad de garantizar la venida de la CICIH”.
”Pacto de Impunidad” no está pendiente de derogar para instalación de CICIH
Uno de los puntos torales abordados en el encuentro fue el cuestionado decreto de amnistía política o “Pacto de impunidad”, aprobado en enero de 2022.
La polémica ley concede “amnistía general, amplia e incondicional en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal pública, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución, ante los tribunales de la República, o que se encuentren en proceso de investigación, por los supuestos delitos cometidos hasta la fecha de entrada en vigor”, según cita el decreto de manera textual.
Dichas personas son: “las que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de Enero 2006 al 28 de Junio 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado”.
Ante ello, Roque consideró que hay mucha “desinformación” y aseguró que el decreto 04-2022 no está pendiente de derogación y no obstaculizaría la instalación del mecanismo anticorrupción.
“El decreto da cabida a que algunos funcionarios puedan recurrir a este mecanismo, existe un principio básico dentro de los procesos judiciales y es el derecho a la debida defensa y al debido proceso”, explicó la titular de Derechos Humanos.
En relación a los funcionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) argumentó que fueron “parte de un gobierno que recibió un golpe de estado y fueron acusados de forma unilateral y no tuvieron derecho a la defensa”.
En ese sentido, Roque manifestó que el grupo de expertos tiene “claridad” del mencionado decreto en su enfoque de derechos humanos, por lo que no sería impedimento para la instalación de la CICIH.
Según la funcionaria los tres expertos cuentan con una serie de documentos y el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) en relación al caso del expresidente Zelaya titulado “José Manuel Zelaya y otros Honduras”.
Cabe resaltar que las bancadas de oposición en el Congreso Nacional piden derogar el denominado “Pacto de Impunidad”, pues consideran que deja en libertad a funcionarios que cometieron corrupción, poniendo en peligro la llegada del mecanismo internacional.
Sin embargo, la ministra de Derechos Humanos reiteró que la información fue analizada y no está en planes de derogación.
Roque concluyó instando al Poder Legislativo a cumplir con las “tareas pendientes” como la derogación de la Ley de Colaboración Eficaz, para que la CICIH pueda ser instalado cuanto antes.
