Tegucigalpa, Honduras-. La votación diez votos contra cinco del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para ratificar el Pacto de Impunidad ha levantado una ola de críticas por parte de diferentes sectores, al calificarlo como la lápida para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih).
La magistrada de la Sala Laboral e integrante del pleno de la CSJ, Odalis Nájera, expuso sus motivos por los que votó a favor de la ratificación del decreto 4-2022 y por ende de declarar sin lugar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra este precepto.
Ante los cuestionamientos de haber recibido presuntas presiones políticas, Nájera descartó de forma rotunda que haya existido tal circunstancia.
“De ninguna manera. El día de ayer escuché un tweet, X ahora, diciendo que los magistrados Nelson Mairena y Odalis Nájera, habíamos votado de esa manera, siguiendo línea partidaria, lo cual me pareció en primer lugar calumnioso, porque no es cierto”, aseguró la magistrada.
Sobre estas presunciones de ser condicionados por los partidos políticos para emitir su opinión a favor o en contra, Nájera aludió que “al menos a mi persona no he recibido llamadas de ninguna de las autoridades de ningún partido político”.
El haber apoyado la vigencia de la norma 4-2022 no significa, según la magistrada, que resolvieron habiendo seguido una línea partidaria, vinculándola a ella con el Partido Liberal.
Explicó que alrededor de este tema hay nueve motivos de inconstitucionalidad que invocaron los recurrentes de aquel momento. “Fui analizando uno a uno cada motivo, y la verdad, yo no encontré el choque que estos motivos tuviesen con la Constitución de la República, excepto el motivo nueve, que no es que choca con la Constitución de la República, sino, que se queda corto”.
Esta motivación número nueve establece que el juez, para valorar si un caso concreto debe ser sometido o no amnistía, se sometan a una constancia que emita la Secretaría de Derechos Humanos, en coordinación con el Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (Cofadeh).
Para dar su voto a favor, la magistrada Nájera le expuso al pleno que votaría a favor solo si se reformaba esa parte y que además se incorporara al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y que también no solo el Cofadeh emitiera esa constancia, si no, que otras organizaciones de derechos humanos también lo puedan hacer.
Descartan beneficio a Padilla Sunseri
“No es cierto que en el pleno de ayer (martes) se haya dejado fuera de responsabilidad a un funcionario del gobierno del expresidente Zelaya. Ese caso ni siquiera se abordó, porque se estimó que no éramos competentes para trasladarlo, porque el juez que conoce el caso concreto es él que tiene las facultades para decidir sí este exfuncionario está amparado o no bajo la amnistía”, reveló.
Odalis Nájera exteriorizó que ella tampoco podía ir en contra de lo establecido en el Acuerdo de Cartagena y que está implícito, casi de forma tácita, en el decreto 4-2022 y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La reconciliación nacional, su motivo
Por otra parte, Mario Díaz, magistrado de la Sala Penal y quien también votara a favor de la continuidad del decreto 4-2022, indicó que su voto fue razonado en relación con esa amnistía política de la que debieron gozar los afectados durante y después del golpe de Estado de 2009.
“Recordemos que Honduras vivió un golpe de Estado en el año 2009 y a raíz de eso determinadas actuaciones de los entes del Estado, que están plasmados en informes, tanto de organismos nacionales como internacionales, en el sentido de que la institucionalidad del país no funcionaba en ese momento”, evidenció.
Agregó que “los entes encargados de velar por los derechos de las personas fracasaron en su intento, hubo persecución de toda naturaleza, incluida la utilización del Poder Judicial y el derecho penal para perseguir a personas que se oponían a lo que ocurrió en ese momento”.
En relación con si este fallo es una traba más para que la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no llegue al país, Díaz argumentó: “Creo que ahí hay una mala percepción de la población. El decreto tiene que ver con el proceso de reconciliación nacional”.
EL HERALDO intentó tener la versión de los cinco magistrados que votaron en contra de que esta norma siguiera vigente en la legislación nacional, pero escuetamente expusieron que por el momento preferían no referirse al tema, para evitar especulaciones.
