Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP) solicitó ayer al Poder Judicial dictar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La petición la formularon los fiscales ante el juez natural, José Elmer Lizardo, en la presentación de sus conclusiones en una extensa audiencia inicial celebrada ayer en la Sala I del Tribunal de Sentencia.
Por su parte, el equipo de defensores de los exdirectivos solicitó les decretaran el sobreseimiento definitivo.
Hace unas semanas, el MP interpuso requerimiento fiscal en contra de los exdirectivos del IHSS: Arturo Bendaña y Javier Pastor, exministro y exviceministro de Salud, respectivamente; Odessa Henríquez y José Espinal, representantes del Colegio Médico; Humberto Lara, Hilario Espinoza, Daniel Durón, Luis Mayorga y Armando Villatoro, representantes de las centrales obreras.
Asimismo, se acusa a Óscar Galeano, Arnaldo Solís, Benjamín Bográn y Leonardo Villeda, por la empresa privada; y Carlos Montes, exviceministro de Trabajo.
El MP los acusa por tres delitos contra la administración de fondos públicos y privados de pensiones.
Asimismo, acusa al exdirector del IHSS, Mario Zelaya, y al exgerente administrativo, José Ramón Bertetty, por abuso de autoridad.
Los hechos están relacionados al acta 12-2011 de 23 de marzo de 2011, en la que la junta directiva del IHSS aprobó una consolidación de deuda del Fondo de Régimen Embarazo Maternidad frente al Fondo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, por 942.77 millones de lempiras.
Según el MP, se disfrazó la transferencia ilícita; los préstamos fueron utilizados para financiar gasto corriente y cubrir obligaciones de pago, lo que perjudicó la estabilidad financiera del IHSS.
Los 14 exdirectivos comparecieron a la conclusión de la audiencia inicial, quienes se defienden en libertad.
Bertetty no compareció a la audiencia, se encuentra preso en la Penitenciaría Nacional de Támara. Zelaya esta aún prófugo de la justicia. La audiencia inició a las 9:30 de la mañana y se suspendió a las 4:00 de la tarde.
Conclusiones
En sus conclusiones el jefe de la Unidad de Reacción Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, pidió al juez dictar el auto de formal procesamiento a los imputados, con la medida de prisión preventiva.
“El Ministerio Público se siente muy seguro de la imputación que ha hecho. Está claro, hemos acreditado algunas pruebas”, afirmó.
Fue preciso ante el juez al detallar la manera cómo se habrían cometido los delitos y la responsabilidad que tendría cada uno de los acusados.
Explicó que piden la prisión preventiva por la posible obstrucción de pruebas y la gravedad de los delitos.
Valoró que la investigación sobre este caso fue objetiva y profesional. Al respecto aclaró que no es política del MP dañar a una persona por razones particulares, ya que solo persiguen delitos.
Luego seis defensores expusieron cada uno sus conclusiones ante el juez Lizardo.
Todos rechazaron los argumentos del MP y solicitaron al juez decretar el sobreseimiento definitivo a sus representados.
El juez resolvió suspender la audiencia para analizar las pruebas y resolver mañana si les dicta un auto de formal procesamiento, con prisión preventiva o los libera de responsabilidad penal. A la audiencia llegaron miembros del Consejo Nacional Anticorrupción y de la Alianza por la Paz y la Justicia.
