Honduras

MP presentó requerimientos contra once personas vinculadas a saqueo

La Unidad de Apoyo Fiscal ha hecho la solicitud. Trasciende extraoficialmente que entre los acusados hay empresarios, ejecutivos de Dimesa y funcionarios del IHSS.
03.06.2015

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público (MP) presentó nuevos requerimientos fiscales contra 11 personas vinculadas al desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

A través de su cuenta de Twitter @MP_Honduras, las autoridades del MP hicieron pública la información minutos antes de las 8:00 de la noche de ayer.

En uno de los dos tuits se indicó que “En esta acusación criminal, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, a cargo del fiscal Héctor Morales, pide orden de captura contra los encausados”.

Vía teléfono, el abogado Morales confirmó a EL HERALDO que el MP había presentado dos acciones penales ante el Juzgado de lo Penal.

En ese sentido dijo que estaban a la espera de que las autoridades judiciales determinaran la emisión o no de las órdenes de captura.

Morales se limitó a brindar detalles sobre los nombres o la vinculación que estas personas tuvieron en el saqueo al IHSS y aseguró que querían evitar un entorpecimiento del proceso judicial.

EL HERALDO también consultó a la portavoz del Juzgado de lo Penal, Bárbara Castillo, quien indicó que sería hasta este día que los nombres de las personas podrían ser revelados, si fuese autorizado por sus superiores.

Supuestos

Conocida la información, en los medios de comunicación trascendió que en la lista de las 11 personas acusadas se incluyen a exfuncionarios y empleados del IHSS, así como a socios de la empresa Dimesa. Este extremo no fue confirmado por ninguna autoridad vinculada al caso.

Sin embargo, una fuente de entero crédito consultada anoche por EL HERALDO detalló que el requerimiento fue presentado contra los señores Shucri Luis Kafie Larach, socio de Dimesa; Juan Alberto Madrid Casaca, representante legal de Dimesa, ambos por el delito de estafa en perjuicio del IHSS.

El Código Penal vigente establece por este delito penas de reclusión de entre seis a nueve años.

A estos le siguen los señores Mario Roberto Zelaya Rojas, exdirector del IHSS; José Ramón Bertetty Osorio, exgerente administrativo del IHSS, acusados por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Este último tiene una pena de tres a nueve años.

Además se acusa a los señores Hugo Alberto Mejía López, funcionario de la Gerencia Administrativa del IHSS; Donald Velásquez Oviedo, funcionario de la Unidad de Asesoría Legal del IHSS; René Israel Medina, funcionario de la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras del IHSS; el doctor Lisandro René Ponce, quien fungió como gerente general del Hospital de Especialidades y el señor Edgardo Quiroz.

Estas últimas cinco personas, cuyos cargos fueron confirmados en el primer informe de la Junta Interventora, estarían siendo acusadas de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Vinculación

Información contenida en el primer informe elaborado por la Junta Interventora del IHSS detalla que en la administración 2010-2014, bajo la gestión de Mario Roberto Zelaya Rojas, se firmó el contrato “sobrevalorado” número 020-2011 con la empresa Distribuidora Metropolitana S.A. (Dimesa).

El documento indica textualmente que los socios de esta empresa son: “Elena Larach Kafie, Shucri Kafie Larach, Luis Kafie Larach, Rosmarie Kafie Larach, Edelmira Cruz Espinal, Rosminda Ávila Mendoza, Eduardo Kafie Larach”.

El contrato fue denominado “Adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y Regional Noroccidental de San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”.

Este contrato fue firmado el 9 de mayo de 2011 por Mario Roberto Zelaya Rojas como director del IHSS y por el señor Juan Alberto Madrid Casaca, representante legal de Dimesa.

En un inicio, el valor del contrato era de 95.2 millones de dólares, pero para el 10 de julio de 2012 se aprobó una adenda por 23.6 millones de dólares, por lo que el contrato con duración de 84 meses ascendió a 118.8 millones de dólares. En moneda nacional, este contrato estaba valorado en 2,610 millones de lempiras.

Al ser de tan larga duración, este contrato también fue aprobado por el Congreso Nacional del período 2010-2014 ya que las cuotas de pago se extendían a otro período de gobierno.

Cabe resaltar que en los últimos días la Junta Interventora informó que de este contrato solo se pagaron 1,324 millones de lempiras, con lo que se evitó una erogación de 1,286 millones, este último monto representa la sobrevaloración de este contrato.

Aprobación

El documento detalla que este contrato fue aprobado con seis votos a favor, un voto en contra del señor Daniel Durón, representante del sector obrero, y una abstención del abogado Arnaldo Solís, representante de la empresa privada.

En esa reunión de Junta Directiva participaron: Carlos Montes, viceministro de Trabajo; Javier Pastor, viceministro de Salud, ambos representando al Poder Ejecutivo; Daniel Durón, Humberto Lara Enamorado, Hilario Espinoza, y Rigoberto Durón en representación del sector laboral.

Además, Leonardo Villeda, Óscar Galeano, Arnoldo Solís, Benjamín Bográn, Fabricio Vásquez, Fernando Alejandro García Merino, en representación del sector empleador, y José Manuel Espinal y Odessa Henríquez en representación del Colegio Médico de Honduras (CMH).

Pero en este contrato también participaron empleados del IHSS a quienes se les integró como una comisión que recomendó la adjudicación del concurso público internacional número 001-2011 bajo el cual se suscribió la relación comercial con Dimesa.

Esta comisión estaba integrada por Hugo Mejía, René Medina, Donald Velásquez, Roberto Martínez, Alberto Barahona, Abel Ochoa y Lisandro Ponce.

Sobre este último, el documento también indica que Mario Zelaya designó al doctor Lisandro Ponce como “gerente de proyecto”, quien tenía la responsabilidad de emitir mensualmente la carta de aceptación donde se certificaba que Dimesa cumplía con todos los requisitos del contrato, y ordenaba al Banco Central de Honduras proceder a realizar el pago de la cuota correspondiente.