El Ministerio Público (MP) y la Misión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) revelaron este lunes los nombres de los integrantes de una red de diputados que extrajo y se apropió ilegalmente de fondos públicos.
Los señalados son los diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juarez Saravia.
El anuncio es resultado del primer caso de corrupción investigado bajo el esquema de Equipo Integrados, en el cual participan fiscales e investigadores de Honduras, así como expertos internacionales.
A través de sus investigaciones, el equipo de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFECIC-MACCIH descubrió que los legisladores señalados desviaron los fondos sociales para uso personal.
“Los diputados y diputadas de la red se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional para estos fines”, apuntó.
El MP presentó asimismo este lunes un requerimiento para iniciar el proceso penal contra los cinco diputados por los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, penas que son conmutables de acuerdo a la nueva reforma del Código Penal.
Además, se solicitó la suspensión inmediata de su calidad de diputados.
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Modus operandi de supuesta red de diputados
“Los diputados y diputadas solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados.
Los diputados y diputadas implicados recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y colonias de Honduras (ANPIBCH), la cual recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por 3,300,000 lempiras, el 14 y 21 de diciembre del 2015.
En total se trasladó a dicha ONG 8,300,000 lempiras, según se expuso en un comunicado de prensa.
“La UFECIC y la MACCIH, han seguido la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se perfeccionó el delito de malversación de caudales públicos.
“Esta modalidad delictiva ha drenado el dinero público destinado a proyectos sociales, permitiendo a los diputados y diputadas apropiarse ilegalmente de los recursos del país, a expensas del bienestar colectivo y de los sectores más vulnerables de Honduras.
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