TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Transparencia, anunciada el lunes de manera inusitada por el Poder Ejecutivo, vulnera las normas que dieron origen a las leyes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Tras su vigencia, la nueva institución emitirá los lineamientos generales de transparencia y rendición de cuentas, cuyo cumplimiento por parte de las instituciones del poder público será de carácter obligatorio.
Algunos juristas consideran que esta facultad le pertenece únicamente al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que es un órgano desconcentrado de la administración pública con independencia operativa y presupuestaria que promueve y facilita el acceso a la información pública.
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Pero la Secretaría de Transparencia tiene entre sus atribuciones asesorar y asistir al Presidente y su gabinete en la formulación de políticas públicas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, gobierno digital y modernización del Estado y coordinar su implementación.
Además, tendrá la capacidad de implementar el Sistema Nacional de Transparencia, para lo cual el ciudadano podrá presentar denuncias por supuestos actos de corrupción.
Al igual que el Tribunal Superior de Cuentas, esta institución remitirá al Ministerio Público informes sobre indicios de responsabilidades en las investigaciones.
“En caso de encontrar violación a la normativa vigente en el país, la Secretaría dará traslado de este informe a los órganos de control e investigación del país, a efecto de que inicien los procesos legales que correspondan”, indica la normativa.
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También dará seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, asimismo ostentar la representación de país en los espacios internacionales de fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción.
“Revisé su contenido y ese contenido colisiona con dos leyes, una es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un decreto legislativo con rango constitucional y es una ley especial que es la tutela de un derecho humano fundamental que se llama acceso a la información pública”, aseveró Doris Imelda Madrid, excomisionada del IAIP.
Advirtió que “un PCM no puede entrar en funciones ya establecidas de un órgano constitucional como es el IAIP. Y la otra colisiona con la Ley Orgánica del TSC. El tema de transparencia colisiona jurídicamente con el PCM que crea la Secretaría de Estado”. A criterio de Madrid, la secretaría surge como una exigencia de la comunidad internacional y organismos de crédito para transparentar los procesos de ayuda humanitaria y préstamos encaminados a reconstruir el país tras el azote de la depresión tropical Eta.
Por su parte, la comisionada del IAIP, Ivonne Ardón, aseveró que la determinación del Ejecutivo, “nos ha tomado por sorpresa el PCM, hemos venido trabajando y continuaremos con nuestra labor, somos un órgano garante descentralizado, no tenemos subordinación del Estado”.
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Paralela
La Secretaría crea el Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas (CNT), que de acuerdo con los expertos es una paralela al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
El CNT será una instancia de diálogo entre el gobierno, sociedad civil, el sector privado y academia para la efectiva conducción del proceso de formulación, implementación, seguimiento y monitoreo de la política nacional de transparencia y prevención de la corrupción.
El lunes, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, juramentó como titular de la Secretaría de Transparencia a María Andrea Matamoros, quien se desempeñaba como ministra de Estrategia y Comunicaciones.
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“La creación de la Secretaría de Transparencia no está dejando un gasto o una mayor inversión para el Estado, lo que hemos hecho es juntar las diferentes instancias con su estructura presupuestaria asignada, que librarán el tema de transparencia en un solo ente rector”, aseveró Matamoros.
Dijo que “Honduras está dando un paso importante, porque nos permite articular múltiples esfuerzos que han estado de manera aislada en diferentes instituciones del Estado en un solo ente rector que garantiza que todas las instituciones del sector público cumplan con sus obligaciones y recomendaciones emanadas de los entes contralores del Estado”.
