Solamente una convocatoria oficial antes de las 12:00 AM de este 25 de junio, emitida por la Junta Directiva del Congreso Nacional para discutir una nueva vacatio legis, frenaría la vigencia del Código Penal.
La normativa ha sido objetada por distintos sectores sociales que consideran que suaviza las penas de prisión en delitos relacionados a la corrupción pública y la criminalidad organizada, provocando una escalada de impunidad.
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'Este Código favorece la estructura de impunidad que durante muchos años las élites políticas y económicas corruptas han construido para blindarse, creando normativas como el decreto 116-2019, que limita las posibilidades de que los operadores de justicia protejan los derechos y libertades y bienes de la población hondureña', establece un pronunciamiento de la Coalición Anticorrupción, que aglutina a más de 20 organizaciones de la sociedad civil.
El nuevo Código, además ha sido cuestionado por diferentes partidos políticos de oposición que han presionado para que su vigencia sea aplazada.
'Quieren imponer un Código Penal que favorece a corruptos', señaló la vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Maribel Espinoza.
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De su lado, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso Nacional ampliar la vacatio legis para que haya un debate más amplio entorno a la nueva normativa.
“Enviamos una iniciativa para que el Congreso Nacional pudiese reformarlo y no entrase en vigencia con lo que nuestra opinión y de las autoridades de seguridad sería un retroceso en materia de combate al crimen organizado”, manifestó el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.
El nuevo Código fue publicado en el diario oficial La Gaceta mayo de 2019, con una vacatio legis de seis meses para que entrara en vigencia el 10 de noviembre del mismo año.
No obstante, distintas organizaciones de la sociedad civil presionaron para que se extendiera su vigencia su vigencia hasta el 10 de mayo de 2020. Meses más tarde, el Congreso aprobó una tercera vacatio legis por 45 días que concluyen este 25 de junio.
