Oficiales y agentes depurados siguen activos en la Policía Nacional

Tegucigalpa, Honduras
Un considerable grupo de oficiales, suboficiales y agentes que la Comisión de Depuración ordenó cancelar y suspender por considerarlos no aptos para formar parte de la Policía, siguen activos en distintos puestos de la institución.

EL HERALDO tuvo acceso a la planilla de pago de 13,120 efectivos de la Policía Nacional del mes de abril, y al revisar la parte de los oficiales encontró que seis subcomisionados, al menos cuatro comisarios, 4 subcomisarios, seis inspectores, ocho subinspectores y unos 11 miembros, entre agentes y suboficiales que habían sido separados, siguen laborando en la institución policial.

A ciertos oficiales la Comisión de Depuración les revocó la cancelación, a otros la Secretaría de Seguridad no les ha notificado la suspensión porque presentaron incapacidad médica, otros argumentaron que están en proceso de pensionarse; en el caso de algunas mujeres, por estar embarazadas o por supuestas operaciones oculares.

Debido a que ciertos policías cancelados no se les puede notificar la decisión por estar con incapacidad médica y otros argumentan estar tramitando una pensión por problemas de salud, la Comisión de Depuración los someterá a una evaluación ejecutada por un equipo médico para determinar si las justificaciones son reales o si solo son una argucia para ganar tiempo e irse quedando.

Subcomisionados

Sobre los seis subcomisionados, la Comisión de Depuración explicó que a Mauricio Hernández Pineda y José Reinaldo Servellón Castillo, cancelados por reestructuración, no se les ha podido notificar su separación por estar gozando de incapacidad médica.

En cuanto a Julián Hernández Reyes y Edwin Martín Murillo Rivera, a quienes se les había suspendido del cargo, se les revocó esta medida y por eso están activos.

Sobre Orlando Mejía Murcia y David Leonardo Ortega Pagoaga, informó que continúan en proceso de evaluación y están habilitados para seguir en servicio.

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Comisarios

Sobre el comisario Leonel Osmin Merlo Canales, de acuerdo con la información de Recursos Humanos, se encuentra suspendido de sus funciones, pero no de su salario. Milton Noé Obando Cardona continúa en proceso de evaluación.

Mientras que el oficial del mismo rango Nelson Martín Smith Hernández está en disponibilidad y pendiente de notificar su acuerdo de cancelación por retiro obligatorio.

En cuanto a Farid Edgardo Allan Zúniga, su cancelación por reestructuración fue revocada por los depuradores, no se sabe por qué.

Subcomisarios

En cuanto a los comisarios Eduardo Alonzo Rivera Thomas, José Martín Mejía Flores y Óscar Humberto Portillo López, separados por reestructuración, ellos fueron notificados de su cancelación estando con incapacidad médica, por lo que los depuradores consideraron revocar dichos acuerdos, así que el trío de oficiales sigue activo.

En el caso del subcomisario Wilson Alexander Vásquez Palma, él fue cancelado por reestructuración, pero la determinación también fue reconsiderada por los depuradores.

Inspectores

Según explicaciones de la Comisión de Depuración, al inspector Ismael Andrade Raudales, cancelado por reestructuración, todavía no se le ha notificado la decisión.

El inspector Iván Edgardo Rodríguez Teruel, también separado por reestructuración, sigue activo supuestamente porque está en proceso de pensionarse.

Mientras tanto a los inspectores José Enrique Ávila Velásquez, María Yasmina Chacón Paz y Darlin Mauricio Chávez Arteaga no se les ha notificado su cancelación porque están con incapacidad médica.

Asimismo, el inspector Wilfredo Gonzalo Salazar Barahona, cancelado por reestructuración, todavía sigue activo porque tiene un proceso penal pendiente.

Subinspectores

Sobre por qué el subinspector Fabio Maximino Enamorado Acosta continúa en la institución a pesar de que se instó a su cancelación por reestructuración -según el comunicado 23-, la Comisión de Depuración sostuvo que “no se ha instado ni a suspensión ni a cancelación. Tiene un proceso de pensión vigente”.

En el caso de Heber Eliel Castro su cancelación fue reconsiderada, también por proceso de pensión.

Aunque la Comisión de Depuración informó que a los subinspectores Alex Francisco Obando Ramos, Cristian Xavier Méndez Dávila, Deiby Nasir Ponce Ramos y Saulo Josué Rubio Dávila se les notificó su cancelación el 6 de abril, EL HERALDO conoció que siguen saliendo en la nomina enviada del 12 de junio para pago.

Escala básica

Igual que sucede con los subinspectores antes mencionados ocurre con el suboficial III Hernán Alfredo Munguía Meza. Mientras que al suboficial III José Antonio Soriano Fuentes se le reconsideró su separación porque tiene un proceso de pensión.

Bajo este mismo argumento siguen activos los suboficiales Olman Avener García Gómez y Carlos Roberto Rodríguez.

Aunque fue dada la orden de separación, la policía clase II Iris Janethe Oliva Herrera sigue activa porque presuntamente estaba embarazada, igual la policía Lezni Xochil Zepeda Palma porque tuvo una operación de cornea, y Martha Delia Colindres Cerrato por estar realizando un proceso de pensión.

También siguen en la institución policial Sofía Lilian Guevara Fiallos porque tiene incapacidad médica y Rosibel Ponce Tábora porque no se le ha notificado su cancelación.

En cuanto a la auxiliar Gabriela María Goti, la Comisión de Depuración revirtió la decisión dada a conocer en un comunicado y no se instó a su cancelación en acta.

Los de la Comisión Depuradora no saben si las incapacidades médicas, los procesos de pensión argumentados y los embarazos son una treta de los oficiales y agentes para irse quedando.

Reacción

Pese a que la Comisión ha instado al Secretario de Seguridad, Julián Pacheco, a cancelar 3,919 oficiales y agentes de escala básica, algunos de ellos han evitado su salida de la institución a través de lograr certificaciones médicas de incapacidad laboral, manifestó Omar Rivera, miembro de esa instancia depuradora, poniendo en duda que todas esas incapacidades sean “correctas”.

“No hay duda de que existen sospechas de fraude en la emisión de certificaciones médicas de incapacidad laboral, por eso hace algunos meses recomendamos la integración de una comisión técnica a fin de “verificar la legalidad, pertinencia y vigencia de todas esas certificaciones y licencias emitidas a nombre de los miembros de la carrera policial, y los casos de ‘reposo’ en los que estén involucrados oficiales o agentes de la Policía Nacional”, exteriorizó.

Rivera informó que “luego del proceso de evaluación de la idoneidad de los integrantes de la Policía, muchos oficiales y agentes han sido considerados no aptos para continuar en el servicio policial, la Comisión Especial ha resuelto instar al ministro Pacheco para que los cancele, se han emitido los respectivos acuerdos de cancelación, pero para sorpresa de todos, cuando se les va a entregar el mismo, ellos presentan constancias de estar incapacitados o en reposo; tenemos serias sospechas de que varios malos profesionales han colaborado con estos policías para ayudarles a postergar su salida, eso está muy mal y hasta podría colindar con lo ilegal, con el delito, con un mal proceder profesional médico”.

Recordó que la ley no permite ejecutar una acción de personal destinada a cancelar a un policía que cuenta con una certificación de incapacidad; “algunos consiguen esas certificaciones como una forma de esquivar, así se escudan, con esas constancias médicas evitan ser depurados de inmediato y prolongan su permanencia en la entidad”, manifestó.

Advirtió que históricamente muchos miembros de la carrera policial utilizaron incapacidades médicas para estar “prolongadas temporadas” sin laborar; “para sorpresa nuestra, cuando llegamos a implementar este proceso de profilaxis y reingeniería policial, descubrimos que muchos oficiales y agentes habían pasado años y años en ‘reposo’, sin trabajar, supuestamente incapacitados, dizque enfermos, graves, y a nadie se le ocurrió verificar qué tan reales eran estos estados de salud o tramitar la pertinente pensión por discapacidad total permanente; era festín, fiesta total; afortunadamente eso se está corrigiendo”.

Prestaciones

Respecto a las denuncias de varios policías cancelados que afirman que aún no se les han pagado íntegramente sus prestaciones laborales, Rivera señaló que “la mayoría de oficiales y agentes que han sido separados han recibido sus respectivas indemnizaciones laborales y derechos adquiridos, y si alguno aún no lo recibe es porque aún no ha sido notificado oficialmente, no finaliza el procedimiento de finiquito administrativo o tiene retenidos los mismos por resolución judicial”.

“Está claro que no se le podrá pagar una indemnización a los policías que aún no han presentado su finiquito; del mismo modo se harán las deducciones que juez competente ordene por incumplimiento de pago de pensión alimenticia a hijos menores de edad”, exteriorizó el depurador.

Recientemente, la Comisión Especial comunicó que los policías sometidos a evaluación, y que habían sido cancelados, pudieron haber salido de la institución por dos vías: la de cancelación por despido o la cancelación por reestructuración.

El despido se da cuando se ejecuta el acto administrativo que permite la cancelación por causa justificada, sin responsabilidad económica para la institución, y previa audiencia de descargo.

En cambio, la cancelación por reestructuración es la causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad personal, o del miembro de la Policía Nacional sujeto a la cancelación, respetando los derechos que conforme a la legislación le corresponden.

Depuración de abogados sigue pendiente

Una red de abogados que desde hace años laboran para la Policía y que fomentaron la corrupción en esa institución no han sido tocados todavía por la Comisión de Depuración.

Según un investigador de Inspectoría General, fueron algunos de estos profesionales del derecho los que recomendaron a los oficiales y agentes que venían siendo despedidos que consiguieran incapacidades médicas para que no fueran notificados.

EL HERALDO tuvo acceso a una veintena de denuncias contra varios de estos abogados -hombres y mujeres-, donde se evidencia la colusión que mantenían para reintegrar a policías y oficiales corruptos que eran dados de baja.
Algunos policías cancelados relataron que estos profesionales del derecho, cobraban entre 10 mil y 50 mil lempiras por reintegro, en otros casos para desaparecer expedientes de oficiales y agentes involucrados en delitos.

Una policía que pagó 20,000 lempiras para que la reintegraran relató: “El abogado () y la abogada () me preguntaron que para dónde me quería ir asignada y yo les dije que para Tránsito”.

Luego agregó: “Esa corrupción nunca la van a terminar ustedes, esos abogados son pícaros y cobran mucho, no se tocan los hígados, a ellos no les importa quién sea”.