Entre estas, la Empresa Nacional Portuaria, Invest-H, Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
De la lista de proyectos, el más polémico es el que opera la Empresa Energía Honduras (EEH), ya que con el decreto se le otorga todo el control a la ENEE y temen que busquen cancelarlo, para lo cual el Estado tendría que indemnizar a EEH con un monto de entre 400 a 650 millones de dólares.
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Con el contrato de energía, el objetivo era reducir las pérdidas de energía de 32% a 15% en siete años (2018-2023), pero tanto el gobierno como EEH han incumplido con las obligaciones contractuales.
De acuerdo con el gerente de EEH, Ricardo Roa Barragán, ya han presentado un recurso ante la Sala Constitucional en contra del decreto PCM-081-2020, pidiendo se declare su no obligatoriedad por contener disposiciones que contravienen, disminuyen y tergiversan derechos constitucionales de la parte reclamante.
A su criterio, el gobierno a través de la Comisión Interventora de la ENEE ha querido plantear la intervención del contrato y la toma del control.
VEA AQUÍ EL DECRETO PCM-081-2020
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