Pese a las explicaciones de los funcionarios de la Procuraduría General de la República acerca de la finalidad de la nueva ley de ese organismo, diputados liberales insisten en que tales reformas llevan un tiente político.
Según algunos congresistas que prefirieron mantenerse en el anonimato, la intención de darle atribuciones de ejercer la acción penal conlleva el motivo de que la Procuraduría responda al interés del poder oficial, en este momento representado por el Partido Nacional.
La idea es que la PGR proceda contra exfuncionarios del gobierno anterior, pues actualmente el Ministerio Público se ha mostrado displicente en aquellos casos específicos de corrupción.
La dirección del MP está a cargo de un funcionario escogido durante una administración liberal y lo que se busca es equilibrar con la acción de la Procuraduría, cuya titular fue nombrada por el Congreso Nacional, dominado por el Partido Nacional.
El afán de tales reformas es fundamentalmente político, según dijo el jefe de la bancada liberal, José Saavedra, quien interpreta que se viene un conflicto de competencias si no se corrigen y se delimitan las funciones de la Procuraduría.
Por su lado, el jefe de la comisión de dictamen, Mario Pérez, afirmó que se procurará que el MP siga manteniendo la primacía en el caso de la acción penal.
Ilegal limitar al MP la acción penal
La directora de Fiscalías, Danelia Ferrera, dejó bien claro que las acciones de la Procuraduría están limitadas por la Constitución de la República.
De acuerdo a la Constitución, la PGR puede presentar acciones civiles que devienen de los pliegos de responsabilidad civil que notifica el Tribunal Superior de Cuentas.
En el Código Procesal Penal está desarrollada la posibilidad de la participación y del inicio de la acción penal por parte de la PGR, en ciertos delitos. Por tanto, dijo que habría que reformarse la Constitución para hacerse efectivo lo que cita el Código Procesal Penal y lo que se pretenda en la nueva ley.
“Lo que si también debe quedar claro es que al Ministerio Público no se le puede limitar ni material ni legalmente el ejercicio de la acción penal”, expresó.
El MP espera que el decreto se publique en el diario oficial La Gaceta para hacer un análisis profundo sobre la legalidad del mismo.
Específicamente, se constatará si la nueva ley limita o no las facultades del MP, que tiene rango constitucional.
