Honduras

Aseguran que Sabrina Shroff, abogada de JOH, tiene conflicto de intereses en el caso

La Fiscalía envió una solicitud al juez Kevin Castell para reconsiderar a la abogada como parte de la defensa del expresidente
10.02.2023

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, envió una petición al juez encargado del juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para que se reconsidere a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo defensor del exmandatario, quien es acusado por cargos de narcotráfico.

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Sabrina Shroff fue anunciada como abogada de Hernández previo a su audiencia del 10 de enero de 2023, pero ahora la Fiscalía alega que su representación podría generar conflictos, pues ella representó anteriormente a otras dos personas que fueron acusadas por ese mismo Distrito y además fueron colaboradores en casos relacionados.

“El Gobierno cree que las representaciones anteriores de la Sra. Shroff de esos testigos pueden presentar conflictos de intereses y solicita que se lleve a cabo una audiencia de Curcio en la que el acusado es informado de la naturaleza de los conflictos potenciales y se le da la oportunidad de renunciar a ellos”, reza el documento, firmado por el fiscal Damian Williams.

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La solicitud de que Juan Orlando Hernández conozca el conflicto de intereses que podría significar ser representado por Shroff se ampara en la sexta enmienda de la Constitución estadounidense, según alega la petición.

Juan Orlando Hernández fue capturado el 15 de febrero de 2022 y extraditado en abril de ese año a Estados Unidos.

Los solicitantes no quisieron decir los nombres de los testigos a los que Shroff representó, pues aseguraron que “el Gobierno cree que revelar la identidad de esos testigos que cooperaron y la información que proporcionaron esos testigos presentaría un serio riesgo para su seguridad en este momento, particularmente dada la violencia que se ha llevado a cabo contra otros testigos en este caso”.

Pero aparentemente, estas declaraciones y testigos estarían vinculados a los juicios realizados contra Yani Rosenthal (exdiputado hondureño condenado en Estados Unidos a 36 meses de prisión por lavado de dinero), a Yankel Rosenthal (sentenciado en Estados Unidos a 29 meses de prisión por lavado de dinero); a Leonel Rivera Maradiaga (preso en Estados Unidos por narcotráfico), a Carlos Lobo (sentenciado a 40 meses de prisión en Estados Unidos) y a Juan Antonio Alvarado Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando condenado a cadena perpetua por narcotráfico.

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Ante esto, la carta dirigida al juez Kevin Castell establece que la abogada Shroff “deberá representar intereses diferentes en este procedimiento en comparación con los que representó en las representaciones de las dos personas no identificadas que formaron parte de los juicios antes mencionados.

Por otro lado, argumentaron que el conflicto podría producirse si el gobierno de Estados Unidos decide llamar a esas personas como testigos en este juicio contra el expresidente Hernández.

Además, justificaron que ella no podría representar a Juan Orlando si aún planea seguir representando a las dos personas en cuestión, pues si planea representar a ‘JOH’ -como se le conoce popularmente al expresidente- debería obtener una renuncia forma de las otras dos personas para ya no gozar de sus servicios.

Ella es la abogada Sabrina, quien según Ana García, esposa del expresidente Hernández, es “experta en información clasificada”.

“Por las razones expuestas anteriormente, el Gobierno solicita respetuosamente que el Tribunal celebre una audiencia de Curcio para abordar los posibles conflictos de intereses identificados anteriormente”, continúa explicando el escrito.

“Si, después de la investigación, “el tribunal no descubre ningún conflicto genuino, no tiene ninguna otra obligación”, pero “si el tribunal de distrito determina después de algunos investigación de que el abogado del acusado sufre de un conflicto real o potencial, el tribunal de distrito luego tiene una segunda obligación de “descalificación/renuncia”, bajo la cual se requiere descalificar al abogado si el conflicto es lo suficientemente grave o, si se puede renunciar al conflicto, para llevar a cabo un procedimiento de Curcio para informar al acusado de las ramificaciones del conflicto y obtener una renuncia a cualquier conflicto por parte del demandado”, establece finalmente.

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