La Fiscalía contra la Corrupción pidió al Juzgado Penal reactivar las audiencias contra supuestos responsables de sustraer 50 millones del Banco Central de Honduras (BCH), conocido como el “carretillazo”.
Por un espacio de cinco años, el proceso judicial no avanzó contra los presuntos responsables del saqueo. Según los antecedentes, el 24 de junio de 2009, en el gobierno de Manuel Zelaya, se sustrajeron de las bóvedas del BCH los 40 millones de lempiras en efectivo. La denuncia la expuso el entonces ministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero.
La Fiscalía contra la Corrupción interpuso un primer requerimiento fiscal el 5 de julio del año 2009. Luego se formalizaron otros tres.
El 15 de junio de 2011 el entonces juez Claudio Aguilar celebró dos audiencias de declaración de imputado contra el entonces ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, contra quien le impuso una fianza de 27 millones de lempiras.
Asimismo, la Fiscalía acusa a Flores Lanza por un supuesto despilfarro de 57 millones de lempiras del FHIS y la Guardia de Honor Presidencial.
La Fiscalía contra la Corrupción lo acusa por suponerlo responsable de delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y fraude.
Los procesos se estancaron en el Juzgado de Letras Penal de Comayagüela por recursos de apelación y de amparo interpuestos por Flores Lanza en tribunales de alzada.
Sin embargo, la Sala de lo Constitucional rechazó los recursos y en junio pasado ordenó al Juzgado Penal reactivar las cuatro acusaciones, en las que aún resta celebrar dos audiencias iniciales y dos de declaración de imputado.
No obstante, eso aún no ocurre. “La Fiscalía contra la Corrupción ha solicitado al órgano jurisdiccional que señale el día y la hora para la celebración de esas audiencias”, informó a EL HERALDO Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público.
“Seguimos con la intención de impulsar estos procesos penales”, agregó. Los fiscales están a la espera que el Juzgado se pronuncie a la mayor brevedad. En las audiencias iniciales la Fiscalía contra la Corrupción tendrá la oportunidad de descargar las pruebas con que cuenta. La portavoz afirmó que la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes para que el Juzgado dicte el auto de formal procesamiento.
