Tegucigalpa, Honduras
Un nuevo debate se atizó el jueves en el país, esta vez entre la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y el Congreso Nacional por una reforma a la ley cuando se aprobó el Presupuesto General de la República 2018.
La Maccih denunció al Congreso Nacional de haber reformado una ley encaminada a proteger a funcionarios corruptos.
El Congreso Nacional afirma la contrario y señala que más bien se ordena al Tribunal Superior de Cuentas investigar a diputados y ONG desde el 2006 al 2017.
Esta enmienda fue calificada por la Maccih como un “pacto de impunidad y una injerencia inaceptable a la autonomía e independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, impidiendo el combate a la corrupción”.
La ira y enojo de jueces y fiscales internacionales quedó evidenciado durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles en horas de la mañana en la sede de la Maccih. También generó la indignación en diferentes sectores de la sociedad hondureña, quienes han rechazado y cuestionado tal reforma en virtud que -sostienen- amplía el sistema de impunidad en el país.
En la última sesión del Congreso, el 18 de enero de 2018, los diputados aprobaron una reforma al Decreto N° 141-2017 de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.
La reforma establece un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
69 diputadosaprobaron las reformas a la Ley del Presupuesto. |
Según la Maccih, esta acción despoja al Ministerio Público de ejecutar la acción penal y encarga realizar la auditoría de dichos recursos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por un período de tres años, contados a partir de la publicación de la reforma en mención.
El nuevo proceso de liquidación de estos recursos se extiende retroactivamente a los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018.
Agrega la disposición que mientras el TSC esté realizando dicha auditoría e investigación especial, “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal.”
Jiménez Mayor calificó la enmienda como un “obstáculo para batallar en contra de la corrupción. Lo que ha acontecido en el país es muy grave y contraviene convenios internacionales, cerrándole el paso a otras investigaciones por actos de corrupción”.
En la mañana de ayer, la Maccih dijo que esta reforma beneficiaría a los diputados que enfrentaban una acusación por el manejo irregular de subsidios del gobierno otorgados a través de una ONG.
Esos dineros fueron a parar a los bolsillos de los diputados, según la acusación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público.
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La jueza que llevaba el caso, la magistrada Alma Guzmán, reprogramó en su momento su resolución y la pospuso en una ocasión, alegando que necesitaba más tiempo en la lectura de los escritos.
“Ahora entendemos porqué la magistrada Alma Guzmán difirió la audiencia de la semana pasada para el día de hoy. Tendrá que dar cuenta ella de sus actos”, dijo Jiménez, cuestionando el proceder de la jueza. Según la
Maccih, la misma suerte podr?an correr las investigaciones en contra de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla y un caso penal contra el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya, en el que ya fue condenado.
Jiménez solicitó al Congreso Nacional derogar la reforma o a la Sala Constitucional de la CSJ declararla inaplicable.
La Maccih y el Ministerio Público salpican en sus investigaciones a 60 exdiputados y actuales diputados, inclusive al mismo titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, según reveló Jiménez Mayor.
“No solamente hay más de 60 exdiputados y diputados actuales. También está siendo investigado el presidente del Congreso porque esta ha sido una manera de drenar recursos públicos. El traslado de dinero hacia ONG y de las ONG a los diputados ha sido una manera operativa de desviar fondos para que terminen en los bolsillos”, denunció.
Señaló que las investigaciones salpican a otros altos funcionarios del Estado.
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11 diputadosse abstuvieron y dos votaron en contra de la enmienda. |
Congreso
La reacción del Congreso Nacional no se dejó esperar y tan solo una hora más tarde emitió un comunicado aclarando lo sucedido.
El secretario del CN, Tomás Zambrano y el prosecretario Renán Inestroza ofrecieron la lectura de un comunicado en la sede del Congreso Nacional.
“El objetivo de la reforma, lejos de generar impunidad, promueve la transparencia y la rendición de cuentas, ya que pide que se investiguen todos los movimientos de recursos destinados a proyectos comunitarios y ayudas sociales, desde el gobierno de Manuel Zelaya hasta el presente”, indica el comunicado.
Además, establece que esta reforma no le quita ni le restringe al Ministerio Público ninguna facultad de investigación sobre cualquier caso penal, actual o futuro, ya que no se reformó ningún artículo de la Ley del Ministerio Público, Código Penal, Código Procesal Penal, ni de la Constitución de la República, que son las distintas normas que le confieren la facultad de investigación al MP.
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El comunicado establece, “rechazamos completamente las aseveraciones malintencionadas del vocero de la Maccih que esta reforma afecta los procesos judiciales de casos relacionados con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), o cualquier otro caso investigado por el MP”.
Explica que en ningún momento el Congreso Nacional aprobó la figura de la retroactividad en materia administrativa, por lo que los casos que se estén ventilando actualmente en cualquier instancia administrativa deberán tramitarse conforme a la ley correspondiente.
Asimismo, exigió a la Maccih respeto a las instituciones del Estado, a su independencia y autonomía, y al libre ejercicio de sus atribuciones que le confiere las leyes de la República, y condena las amenazas que recientemente emanan de su vocero para interferir en el principio sagrado de la independencia judicial.
La reforma fue aprobada por 69 diputados, 11 abstenciones y dos votos en contra.
