Tegucigalpa, Honduras.- El interminable conflicto agrario, principalmente en la zona norte y atlántica del país, se ha convertido en un polvorín y nuevamente pone a Honduras en el ojo del huracán, como una nación hostil para los inversionistas extranjeros.

El pleito por la propiedad de extensas parcelas de tierra se volvió a avivar el pasado 27 de enero, entre pobladores que dicen formar parte de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán y otros denominados socios de la Cooperativa Tranvío Limitada, donde se aglutinan trabajadores y agricultores de palma africana.

La disputa por esas fincas ha llevado en los últimos a desatarse riñas y balaceras entre ambos grupos de campesinos, en las que también se ha visto inmiscuida la Policía Nacional, quien ha tratado de interceder para evitar que estas agresiones lleguen a derivar en muertes de personas.

El epicentro de esta batalla campal se registra en la comunidad Quebrada de Arena, jurisdicción del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón.

El grupo de personas adheridas a la llamada Plataforma Agraria del Valle del Aguán, intenta recuperar unas tierras, que según ellos, les fueron despojadas de manera ilegal y que además están dentro del convenio suscrito entre las organizaciones populares campesinas y el gobierno, desde el 22 de febrero de 2022.

En la actualidad, esas propiedades están en poder de la Cooperativa Tranvío Limitada, socios que aseguran que adquirieron esas fincas en total y debida forma.

Sobre esta coyuntura, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), manifestó: “El problema de Colón nosotros lo venimos tratando desde febrero de 2022, de ver como llegamos a procesos de acercamientos y soluciones”.

El funcionario público aludió que de esta problemática no quiere eximir la responsabilidad del INA, “Yo me hago responsable de la parte nuestra y estamos dando todo”.

Para solventar este problema se integró la Comisión de Seguridad Agraria y de Acceso a la Tierra, en la que están personeros de varias instituciones públicas y que es coordinada por Fúnez.

El conflicto inició entre los antiguos propietarios de las fincas en esa zona de Tocoa -quienes tenían los títulos de propiedad- y los campesinos agremiados a la plataforma Coordinadora de Organizaciones Populares de Aguán (COPA).

A esta pelea por la tenencia de esas tierras en Quebrada de Arena y las zonas aledañas se unieron extrabajadores de esas fincas de palma africana, los familiares de estos y ahora se sumaron los socios de la Cooperativa Tranvío Limitada.

“¿Qué es lo que pasa? Que ahora está participando otro sector más. No podemos ignorar de que ahí están aprovechando ciertas bandas criminales para ver que sacan al adherirse a ese gran conflicto; ahora tenemos cuatro actores diferentes”, aseguró el director del INA.

Los enfrentamientos, incluso con armas de fuego, han continuado en el valle del Aguán, por querer hacerse con las codiciadas tierras en el departamento de Colón.

Sectores involucrados en esa disputa culpan a Rafael Alegría, subdirector del INA, de ser el responsable de azuzar a grupos de campesinos a protestar de forma violenta en la pelea de las fincas.

EL HERALDO intentó tener la versión de Rafael Alegría, sobre esa afirmación, pero desde su oficina se nos dijo que estaba en una reunión y que no podía atendernos porque estaba en un evento.

En las últimas dos décadas, el conflicto agrario en el país ha dejado al menos 150 muertes violentas por la pelea de tierras, especialmente de fincas de palma africana.