Tegucigalpa, Honduras
El 4 de marzo de 2014, la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad remitió a la Dirección de la Policía un resumen acerca de los informes investigativos realizadas en los casos de los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides González Irías y del exasesor policial Alfredo Landaverde.
El resumen con número IG-009-2011 fue recibido a las 16 horas (4:00 de la tarde) por un policía de apellido Torres.
Este resumen, en comparación con el informe contenido en el oficio DGPN-DED2-DI-No-1101-2009 de la Dirección de Inteligencia Policial sobre el caso de los supuestos asesinos intelectuales y materiales de González Irías, solo difiere en un nombre, el del entonces general director Salomón de Jesús Escoto Salinas.
Salinas al momento del crimen del jefe antidrogas era el director general de la Policía Nacional y su oficina se habría planificado el repudiable asesinato, según la descripción de dos videos que fueron anexados al expediente de la investigación.
El documento -con sello de la Dirección General de Policía y de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad- hace referencia a 30 oficiales, tanto de la cúpula policial como de mandos intermedios, y agentes que participaron en el asesinato de González Irías.
Varios de estos nombres también se mencionan como partícipes en el crimen de Landaverde.
De la misma forma relata algunas discusiones verbales que se dieron entre los gatilleros, a tal extremo que en algunas ocasiones el motorizado identificado como Omar Orlando Suárez Bonilla (alias “el Muco”) le reclamaba al supuesto sicario Gherluis Ronherick Salgado Espinal y a Francis Omar Ardón Torres (alias “el Macho”) porque no lo habían invitado a dar muerte al zar antidrogas y al exasesor policial.
“Su reclamo era que ellos habían recibido buen billete por estas muertes y a él no le participaron”, dice el documento.
Los nombres del resumen con fecha 7 de marzo de 2014 coinciden con los mismos nombres que divulgó The New York Time el fin de semana, igualmente son los mismos que aparecen en el informe investigativo con expediente DGPN-DED2-DI-No-1101-2009 que divulgó EL HERALDO y que también está en poder del Ministerio Público.
El resumen también dice: “asimismo, en los expedientes investigativos se encuentran los videos de la reunión que tuvieron algunos oficiales en Casamata, exactamente en la oficina del señor director general de esa fecha, donde se planificaron estos asesinatos”.
Estos documentos demuestran que la Policía Nacional recibió en el 2014 un resumen de los casos
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Fetidez
A pesar de que estos informes han permanecido ocultos por muchos años y que -según el cruce de comunicaciones internas- revelan que fueron conocidos por los directores policiales, por los ministros de Seguridad y por el Ministerio Público, hoy estos exfuncionarios públicos, y otros que están ahora en otros puestos de gobierno, alegan desconocimiento.
En la legislación hondureña, la complicidad y la omisión también son delitos y tienen penas estipuladas; sin embargo, durante los últimos años ha imperado un sistema de impunidad que ha dado cobijo a la corrupción.
Una mirada retrospectiva de los crímenes de alto impacto que han ocurrido en los últimos siete años en el país refleja la inoperancia de los aplicadores de la ley, llámense Policía, Ministerio Público o tribunales de justicia.
A pesar de que el asesinato de González Irías ocurrió el 8 de diciembre de 2009 y el de Landaverde el 7 de diciembre de 2011, la corrupción en algunos operadores de justicia y de seguridad comenzó a sentirla la sociedad el 22 de octubre de 2011, cuando se identificó a un grupo de policías como los asesinos de los jóvenes universitarios Alejandro Vargas y David Pineda.
Desde ese momento, el país constantemente ha venido siendo sacudido por los actos de corrupción y la criminalidad que operan desde el interior de la entidad llamada a proteger a la ciudadanía.
Sin embargo, a pesar de que cada vez se conocen más actos repudiables dentro de la institución policial y la situación parece no tener límites, muy pocos uniformados involucrados en estos actos delictivos han sido sometidos a la justicia.
Las recientes revelaciones realizadas por EL HERALDO y por The New York Times, sobre que miembros de la cúpula policial y mandos intermedios son los supuestos responsables de la planificación y ejecución del asesinato de González Irías y Landaverde, han hecho reaccionar a la sociedad.
La población le exige al Ministerio Público respuestas concretas y contundentes para que los oficiales y agentes involucrados en actos de corrupción o con vínculos con el crimen organizado sean puestos ante la justicia hondureña.
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